Tomás Gómez
Han pasado dos meses desde que estalló el denominado Caso Cochinilla y desde entonces un número se volvió clave, tanto en la investigación como en el imaginario colectivo: ¢78.000 millones.
Esa es la cifra que según la hipótesis judicial quedó de laguna financiera luego de los supuestos movimientos achacados a decenas de funcionarios públicos a cambio de las más diversas dádivas.
En todo caso, y como lo señaló desde el día de los allanamientos el director del OIJ, Walter Espinoza, no se trata de un monto que haya sido robado sino que pudo haberse manejado mal.
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“Hemos detectado que hay una laguna o un hueco de naturaleza presupuestaria generada por esos traslados irregulares que rondan los 78.000 millones. Eso no significa que ese dinero lo hayan sustraído sino que lo han malversado; lo han utilizado para fines diferentes sin autorización y evidentemente eso ha generado situaciones de favor, compromisos y obligaciones”, dijo Espinoza a la prensa a su llegada a Conavi, epicentro de la investigación.
El informe preliminar pericial forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló que para los años 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 permite establecer un déficit de ¢78.786,2 millones.
No obstante, en el mismo documento se señala que “hasta tanto no contar con la documentación requerida y citada en cada uno de los objetivos desarrollados, esta Sección no puede realizar a plenitud el peritaje requerido”.
Con el paso de los días, sin embargo, algunas confusiones se generaron al respecto.
La laguna versus los sobornos
Aunque la investigación de Cochinilla llevaba 3 años en desarrollo, el caso está judicialmente en sus etapas más básicas.
Tentativamente, las autoridades hablan de supuestos delitos como cohecho, tráfico de influencias y hasta estafa. La lista definitiva, en todo caso, se conocería en algún momento la Fiscalía presenta acusación contra los imputados.
Al desgranar el supuesto movimiento por ¢78.000 millones, por su parte, aparecen otros números que tasan diferentes valoraciones en el expediente.
Así, uno de los casos más llamativos es el de la cuantía que se movió en supuestas dádivas.
El propio expediente deja ver supuestas dádivas por cerca de $100.000. Estas irían desde pagos hasta obsequios que iban de licores hasta tortillas para una fiesta, pasando hasta por servicios sexuales.
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En la Asamblea Legislativa, donde una comisión especial analiza las eventuales irregularidades en las obras públicas, también hubo confusión con el tema.
Pablo Heriberto Abarca, diputado socialcristiano que preside el grupo, advirtió la semana anterior, en entrevista con Radio Monumental, que además del enfoque judicial en eventuales sobornos el caso requiere que se vean los temas de las responsabilidades.
Durante una entrevista en el programa Matices, Abarca indicó hay “que detectar las responsabilidades políticas y se comprueba si hubo una violación de la presupuestación para cubrir huecos presupuestarios”.
“Si la orientación del proceso judicial son los sobornos, eso no le produce nada bueno al país. Sino detectar las responsabilidades políticas y se comprueba si hubo una violación de la presupuestación para cubrir huecos presupuestarios”, agregó Abarca.
La búsqueda de evidencias sobre los movimientos presupuestarios provocaron incluso el allanamiento de Casa Presidencial por segunda vez en la historia (Tomás Gómez/El Observador)
¿Por donde va Cochinilla?
Pasado el impacto mediático y político inicial, el Caso Cochinilla topa ahora con la realidad judicial de un debido proceso que no es necesariamente rápido.
Los 30 detenidos iniciales enfrentaron una maratónica sesión de dos semanas tras la cual todos salieron libres. La apelación acabó con ese beneficio para dos de investigados -Carlos Cerdas de Meco y Mélida Solís de H Solís- pero el resto seguirán con medidas cautelares de diversa índole mientras la investigación toma un rumbo más concreto.
Paralelamente, la Fiscalía lleva más de un mes imputando nuevos sospechosos. El ente se ha negado a adelantar detalles, prometiendo que dará la lista completa una vez termine con todas las llamadas.
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Así, Cochinilla tiene por delante un proceso que podría tardar años para tener una sentencia definitiva.
De momento, está pendiente incluso una audiencia para que los abogados defensores apelen la declaratoria de “crimen organizado” que pesa sobre el caso. Además, los juristas tienen sus dudas sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas que sustentan el expediente, un reclamo que también sigue pendiente de resolverse.
El Conavi. epicentro del Caso Cochinilla, no ha logrado estabilizar su dirección desde los allanamientos. La semana pasada el viceministro Tomás Figueroa, que lo regentaba de forma interina, renunció al recargo (Alonso Solano/El Observador)
