Tomás Gómez
A un mes de que venza el contrato de monitoreo de tobilleras, no hay certeza sobre el futuro del proyecto y lo que pasaría con las personas que han recibido el privilegio.
Mientras el Ministerio de Justicia apenas inicia los trámites para un concurso internacional, la Contraloría General de la República rechazó la prórroga al cuestionado contrato actual con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
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Desde la semana pasada, tras ser notificados por el ente contralor, el Ministerio admitió su preocupación por las 1.800 personas que tienen el beneficio de las tobilleras.
“Para preservar la seguridad ciudadana estaremos valorando todas las posibilidades jurídicas para atender esta situación”, hizo hincapié la ministra Fiorella Salazar.
En manos de los jueces
Dos semanas atrás, cuando aún se desconocía el destino del contrato con la ESPH, la minstra Salazar compareció ante los diputados en la Asamblea Legislativa.
Cuestionada por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la jerarca trasladó al Poder Judicial la decisión de cómo abordar un congelamiento en el plan de tobilleras.
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“Necesitaríamos sentarnos a conversar con los jueces de ejecución de la pena. En este país las únicas personas que deciden qué pasa con ellos son los jueces”, argumentó al ser interpelada por el diputado liberacionista Gustavo Viales.
Solución de tobilleras tardaría un año
La relación con la ESPH por el tema de tobilleras ha estado marcada por polémicas y reclamos.
Durante la gestión de la exministra Marcia González arrancó el diseño de un cartel para la licitación internacional. Este no continuó con el cambio de ministra y la actual jerarca defiende una serie de ajustes a la convocatoria.
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La idea era incorporar lecciones aprendidas, lo que atrasó el proceso.
Según se expuso ante los diputados, la ruta iría así:
Sobre el plazo intermedio, la idea era la extensión del contrato con la ESPH, que finalmente no fraguó.
