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¿1.800 reos monitoreados con tobilleras volverán a las calles o la cárcel en los próximos días? Justicia se niega a responder

El próximo 27 de febrero vence el contrato del Ministerio de Justicia con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 3 minutos
¿1.800 reos monitoreados con tobilleras volverán a las calles o la cárcel en los próximos días? Justicia se niega a responder
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El próximo 27 de febrero vence el contrato del Ministerio de Justicia con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)del servicio de tobilleras electrónicas para monitorear a privados de libertad.

Justicia lanzó una licitación internacional para tener un nuevo proveedor de tobilleras y le pidió a la Contraloría reconsiderar su negativa de permitir una extensión del contrato actual.

Pero ninguna opción representa una salida al problema. La Contraloría General de la República está firme en su posición. A la licitación internacional le falta un largo camino por andar.

Lo que ocurra con los 1.800 usuarios de tobilleras a partir del próximo 27 de febrero es incierto y el Gobierno se niega a dar a conocer los posibles escenarios.

“Para no sumar más incertidumbre yo no quisiera meterla a la gente la variedad de escenarios que nosotros estamos analizamos. Me parece que es estéril”, dijo.

Según insistió, las opciones de contratación no están agotadas y por eso prefiere “ir quemando las etapas”.

Así lo manifestó el miércoles  anterior la ministra Fiorella Salazar, al ser consultada en 3 ocasiones por el destino que tendrán los privados de libertad.

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“Nosotros no estamos considerando la posibilidad de que el 28 de febrero esta cantidad de personas quede sin monitoreo”, agregó luego.

Este jueves, al confirmarse el rechazo de la Contraloría a cualquier prórroga, la ministra Salazar insistió en que se evaluarán los escenarios, que sigue sin adelantar.

“Nos interesa que la ciudadanía esté tranquila con respecto al trabajo que estamos haciendo, lo mismo que las personas adscritas a esta modalidad”, dijo.

 

Jueces deciden, pero Justicia ejecuta

Durante una comparecencia ante la Comisión Legislativa de Seguridad, la ministra Salazar dijo  que la decisión sobre los beneficiados con tobilleras estaría en el Poder Judicial.

“Necesitaríamos sentarnos a conversar con los jueces de ejecución de la pena. En este país las únicas personas que deciden qué pasa con ellos son los jueces”, sostuvo entonces.

Opciones como casa por cárcel o el retorno al encierro de todos modos serían competencia de Justicia.

Al respecto, Salazar mostró escepticismo sobre la capacidad de ejecutar posibles medidas.

Sobre reingreso a cárceles manifestó que se ha ampliado la capacidad pero que haría falta personal.

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“Para recibir más gente en el sistema penitenciario necesitamos no solo los edificios sino la gente que los opere. En este momento necesitaríamos habilitar los espacios que se van terminando y terminar los procesos de la gente”, mencionó.

Otras opciones serían un monitoreo análogo mediante oficinas regionales -que usaba antes de las tobilleras- también está sobre la mesa, pero sin claridad por parte del Ministerio.

 

Concurso podría tomar un año

Aunque en la gestión de la exministra de Justicia, Marcia González, se arrancó con el diseño del cartel para el nuevo proveedor de tobilleras, el trámite cambió al asumir Salazar como jerarca.

Salazar sigue defendiendo que el 2020 generó cambios positivos en la gestión de tobilleras. Tales ajustes fueron serían incluidos como “lecciones aprendidas” en el nuevo concurso.

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Los términos finales fueron publicados este miércoles con la intención de divulgarlos mediante embajadas para tener más participantes.

El cierre de ofertas será el 29 de abril mientras que la proyección es dejar el firme el contrato para diciembre.

Justicia presentó un presupuesto extraordinario y justificó otros señalamientos de la Contraloría en su afán de lograr revertir el criterio que impidió extender el contrato de tobilleras con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (Alonso Solano/El Observador)