Paulo Villalobos
Poco más de una cuarta parte de las 4.066 personas retiradas del Poder judicial reciben una pensión de al menos ¢2 millones.
Esa conclusión se desprende de una lista elaborada por la Asociación Pro Derechos de Consumidores, Contribuyentes, Asegurados, Administrados y Propietarios (Aprodecap), a partir de información y datos incluidos en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
Los datos los compartió el exdiputado y presidente de la organización, Otto Guevara, en sus redes sociales y corresponden al registro de abril del 2019.
En la base de datos se muestran números de cédula, nombres completos de exfuncionarios y los montos que ganan mes a mes por su jubilación.
Lo anterior incluye a exmagistrados y exjefes del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De hecho, quien mayor pensión devenga es la expresidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva, con ¢10,130,450.
De hecho los jubilados del Poder Judicial son los extrabajadores públicos que mayores pensiones reciben. Según los datos uno de cada 10 reciben entre ¢2 y ¢3 millones de colones. Y en los rangos superiores, el 5% de los pensionados judiciales reciben desde 4 millones hasta más de 10 millones.
En el primer trimestre de este año, el Poder Judicial contrató un estudio actuarial, que debía medir el impacto que tuvo la reforma al sistema de pensiones judiciales aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2018. Además el objetivo era determinar la situación financiera del Fondo.
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Cotización insuficiente
Guevara, también excandidato presidencial, criticó los altos pagos de muchas de las pensiones.
“Revisando los montos de las pensiones uno se da cuenta que muchos son exorbitantes. Y manejo la hipótesis de que esas personas no cotizaron lo que debieron haber cotizado para recibir una pensión por esa cantidad”, explicó el exlegislador del Partido Movimiento Libertario.
Sin señalar exactamente dónde y quiénes no cotizaron lo adecuado, Guevara enfatizó en que la pensión debería calcularse con el acumulado de los ahorros de la persona en su etapa activa, así como con los intereses compuestos de estos. Ello sin considerar el aporte estatal.
Cuando el Congreso anterior (2014-18) aprobó la reforma al sistema de pensiones judiciales, hubo una de las mayores protestas y huelgas en el Estado en la última década. Miles de funcionarios de distintas entidades – de la Defensa Pública a la Morgue Judicial – realizaron un paro de labores.
Aún así los diputados aplicaron la reforma, ante el déficit de más de ¢5 billones (millones de millones). Este fue identificado en un estudio actuarial del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Como parte de los cambios, se aumentó el aporte del trabajador. Además se impusieron contribuciones solidarias a las pensiones más altas.
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Heredar la pensión
El cinco veces aspirante a la Presidencia de la República considera inconcebible que haya quienes hereden los montos de sus jubilaciones a sus cónyuges.
“No es sostenible y un poquito la idea mía a la hora de publicar esto, es generar una consciencia en la ciudadanía, los actores sociales relevantes, actores políticos, con el propósito de que le llegue presión al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que acometan esas reformas estructurales que se requieren. Ojalá cierren ese régimen de pensiones y vayan pasando a las personas más jóvenes al sistema de pensiones del IVM (Invalidez, Vejez y Muerte)”, explicó el político.
El tema cobró relevancia, según Guevara, con la “rebeldía” que mostró el Poder Judicial al no apegarse a los nuevos cálculos de las remuneraciones contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Por dicha negativa de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Hacienda hizo un significativo recorte al presupuesto del Poder.
En el segundo semestre de este año, la Asamblea Legislativa tendrá debates con respecto a múltiples proyectos de ley que hacen fila, para recortar pensiones de lujo sobre todo en los exfuncionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), entidad que acapara una gran parte del Presupuesto Nacional.
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Paulo Villalobos
