Paula Ruiz
La cantidad mínima de 10 firmas para enviar una consulta facultativa a la Sala Constitucional, sobre el proyecto de ley 21.049 para brindar seguridad jurídica a las huelgas, ya están amarradas.
De acuerdo con Wálter Muñoz, jefe de fracción del Partido Integración Nacional (PIN), esta misma tarde, estarían enviando el documento a la Sala Constitucional.
A eso de las 4:30 p.m. de este miércoles, las 10 firmas ya establecidas en el documento eran de: Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), los independientes Carmen Chan, Nidia Céspedes, Ignacio Alpízar, Marulin Azofeifa, Ivonne Acuña, Jonathan Prendas y Harllan Hoepelman.
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Además de Muñoz y la socialcristiana Shirley Díaz. La votación en primer debate se efectuó este martes a eso de las 8:50 p.m., con 40 votos a favor y 15 en contra.
Este trámite, frena la votación en segundo debate prevista para este jueves. La Sala cuenta con un mes de plazo para resolver.
La consulta
El documento, del cual El Observador tiene copia, tiene como objetivo, consultar “la posible violación al procedimiento por inaplicabilidad sobreviniente del artículo 208 bis del Reglamento Legislativo a la tramitación del proyecto consultado”.
- Los diputados objetan que, los proyectos de ley a los que se les aplica este trámite especial, solo puede efectuarse para aquellas iniciativas que requieran mayoría absoluta para su aprobación.
En este caso, el 21.049 requirió de mayoría simple, es decir, respaldo de mitad más uno de los presentes, tras un pronunciamiento de la Corte Plena, indicando que la iniciativa no afectaba la labor del Poder Judicial.
- Por otra parte, le consultan a la Sala si, el hecho de permitir con la reforma al artículo 349 del Código de Trabajo, una lista de organizaciones sindicales registradas, conlleva a un acceso irrestricto de los afiliados, incluso, su correo electrónico.
- Con respecto del fondo del proyecto, también quieren tener claridad sobre si el hecho de realizar cambios en cuanto a la notificación inicial, conlleva a una inconstitucionalidad.
Los diputados establecieron dentro del texto los medios electrónicos para dicho trámite.
“Consideramos que la notificación inicial en forma personal es una garantía del derecho de defensa y debido proceso y que, tal requisito lesiona tales derechos constitucionales”, indica el escrito que será evaluado por los magistrados.
- Sobre la prohibición de las huelgas políticas, los congresistas consultantes creen que se trata de un término muy abierto, que caería en interpretación de los jueces.
- Los diputados también objetan eliminar el derecho a huelga, así como el establecimiento de 10 servicios como esenciales, donde, de plano, no podrán hacer uso de ese derecho. Para ellos, la lista comprende algunos servicios donde no se pone en riesgo, la vida, la seguridad y la salud.
Si los magistrados consideran que el proyecto tiene roces de inconstitucionalidad, la propuesta podría no ser votada en segundo debate, de lo contrario, quedaría con el espacio libre para ese último trámite legislativo.
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