Paulo Villalobos
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) gastó, en promedio, un 44% más de lo que inicialmente tenía previsto en 11 obras de reconstrucción.
Esos proyectos forman parte de un total de 48 que auditó la Contraloría General de la República (CGR), entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2019.
La cifra duplica el rango esperado de precisión de incrementos por obras estipulado por la Asociación Americana de Ingeniería de Costos (AACE, por sus siglas en inglés).
En los restantes 37 proyectos, se sobreestimaron recursos en un promedio de 23%. Las variaciones entre el monto reservado y el costo final ascienden a ¢4.923 millones.
Según una estimación del ente contralor, realizada a partir de los proyectos a cargo de la Comisión de Emergencias y unidades ejecutores, con esos recursos se pudieron construir:
- 5 puentes de 60 metros
- 15 carreteras de 5 kilómetros
- o 38 caminos de aproximadamente 4,5 kilómetros
Un ejemplo de las variaciones encontradas por la Contraloría es la reconstrucción de la ruta cantonal entre Sarchí y Bajos del Toro, en Alajuela.
Ese camino, de 2,2 kilómetros, lleva más de 6 años de ejecución y cuyo costo aumentó cerca de ¢2.000 millones; más del 100% con respecto al costo inicial ¢260 millones.
Problemas adicionales
El caso anterior también refleja otra de los señalamientos que la Contraloría General hace sobre las obras de reconstrucción de la Comisión de Emergencias: los retrasos.
De los 48 proyectos, 42 tardaron en promedio 7,8 meses más de lo originalmente previsto.
Esto evidencia, de acuerdo con el informe, “un bajo nivel de madurez en la gestión de proyectos según buenas prácticas internacionales”.
Solo 4 de las iniciativas de reconstrucción se entregaron entre 1 y 30 días antes de la fecha de finalización prevista.
Principales hallazgos de la auditoría al desempeño de 48 proyectos de reconstrucción a cargo de la Comisión Nacional de Emergencias. (Crédito | Contraloría General de la República)
El estudio determinó que 27 proyectos evidenciaron trámites de órdenes de modificación por asuntos previsibles (como el efecto de lluvias, materiales no incluidos, ajuste de parámetros de diseño) que en valor presente ¢3.044 millones.
Lo anterior coloca a la institución en riesgo de obtener menor cantidad o calidad en el trabajo desempeñado por los contratistas o en la colocación de materiales.
También ninguno de los proyectos de reconstrucción cuenta con línea base, lo cual restringe la medición del desempeño en función del alcance definido.
A ello se suma el uso incorrecto del cuaderno de bitácora en 47 casos, la ausencia de informes de inspección de la unidad ejecutora en 12 de ellos y 2 recepciones de obra sin sujetarse a los términos de contratación.
¿Y ahora?
La Contraloría, a raíz de los hallazgos de la auditoría, ordenó al presidente de la Comisión de Emergencias, Alexander Solís, formular una propuesta de ajuste a los reglamentos de contratación, para implementar una gestión por portafolio que mejore el ciclo de vida de los proyectos.
Este deberá someterse a aprobación de la Junta Directiva de la institución.
A su vez se le pidió establecer e implementar un control de inversiones del Fondo Nacional de Emergencia y de medición del desempeño de unidades ejecutoras y contratistas.
Por su parte, a la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos, se le ordenó instaurar un control, para asegurar la implementación de buenas prácticas de gestión de los proyectos a cargo de la Comisión de Emergencias.
Paulo Villalobos
