Hermes Solano
Un grupo de 25 diputadas de todas las fracciones legislativas se unieron con el departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa para presentar el expediente 24.303.
El proyecto de ley busca reformar la Ley de Reparación Integral para personas sobrevivientes de femicidio, con la intención de generar mayor protección a las familias y también a aquellas mujeres que finalmente no mueren del ataque al que son víctimas.
“Es necesario puntualizar que cuando una mujer es atacada y muere quedan sus hijos, adultos mayores o personas con discapacidad que necesitan soporte y ayuda”, explicó Luz Mary Alpízar, legisladora de Progreso Social Democrático.
“Se cambian varios de los artículos de la ley que se aprobó en mayo de 2022 y se aclaran las funciones de los entes que van a dar apoyo, como la Caja Costarricense de Seguro Social o el MEP”, añadió.
Dentro de ese grupo de diputadas que promueven la iniciativa están las verdiblancas Kattia Rivera, Paulina Ramírez y Dinorah Barquero, las liberales Kattia Cambronero y Johanna Obando y las frenteamplistas Rocío Alfaro y Priscilla Vindas.
“Es necesario comprender que el Estado falla cuando pasan estas cosas y dejamos a un grupo de la población desprotegido”, mencionó Alpízar, teniendo claro que cuando matan a una mujer se genera toda una cadena de complejidad dentro de la familia.
Lo que incluye
La reforma a la ley tiene como objetivo central la creación de un régimen de reparación integral para las personas sobrevivientes al femicidio.
Esto incluye:
-Subsidio mensual para cada persona beneficiaria de parte del Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de Femicidio.
-Atención prioritaria y garantía de acceso irrestricto a los siguientes servicios y programas estatales para todas las personas beneficiarias de este Régimen.
-Asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continua y especializada brindada por la Caja Costarricense de Seguro Social.
-Becas de estudio en todo el proceso educativo, desde el preescolar hasta la educación superior pública.
-Bonos de vivienda para uso exclusivo habitacional.
-Asesoría y representación legal gratuitas en los procesos administrativos y judiciales relacionados con el femicidio, así como otros procesos vinculados al ámbito familiar y pensiones.
-Además, otras reparaciones simbólicas.
