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3 de cada 5 retiros del FCL durante la pandemia han sido por cese laboral

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Un 58% de los retiros del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), que se han ejecutado durante los meses de la pandemia, corresponden a ceses de relaciones laborales.

El resto es una combinación de motivos entre reducción de jornadas o suspensión temporal de contratos de trabajo.

Las cifras provienen de los registros compilados por la Superintendencia de Pensiones (Supen), con corte al cierre de agosto.

La superintendente, Rocío Aguilar, no esconde su preocupación por el efecto que la enfermedad causa sobre el empleo y los ingresos de las familias.

“Mi mayor tristeza es que el porcentaje que corresponde al cese de la relación laboral ha venido en constante crecimiento. Esto arrancó más o menos alrededor del 48% y ya llega al 58%. Es gente que ya usó su fondo de capitalización laboral, ¿cuál será la capacidad de continuar teniendo un ingreso adicional?”, comentó en entrevista con El Observador.

Para esta fecha, la cantidad total de solicitudes de retiro del FCL sobrepasa las 280.000, lo que se ha traducido en desembolsos por ¢56.000 millones.

La superintendente explicó que la cifra global equivale a un 9% de los activos que se mantenían en las carteras del FCL al inicio de la pandemia.

Los montos promedios pagados por cese laboral rondan los ¢174.000 por trabajador, mientras que por suspensión de contratos se acerca a los ¢200.000 y por reducción de jornada, a los ¢318.000.

El FCL es un fondo de cesantía creado por la Ley de Protección al Trabajador y los recursos de los trabajadores son administrados por operadoras de pensiones.

Antes de la pandemia solo podía ser retirado al final de una relación laboral, o bien, tras cinco años de cotizar con el mismo patrono (quinquenio).

A inicios de abril pasado, tras una reforma expedita, los diputados aprobaron que los dineros pudieran ser retirados en caso se suspensiones de contratos y recortes de jornadas.

Al menos 280.000 solicitudes de retiro del FCL se han tramitado durante el periodo de la pandemia, explicó Rocío Aguilar, superintendente de Pensiones. (Archivo/El Observador)

ROP resguardado

En el caso del ROP, el fondo de pensión complementario para el que cotizan todos los trabajadores asalariados, la Supen ha buscado mecanismos para resguardar los recursos frente a movimientos adversos en el mercado financiero.

“Con forme fueron apareciendo los casos (de COVID-19), las economías comenzaron a mostrar importantes caídas y eso se reflejó el mercado financiero”, explico Aguilar.

Debido a ello, algunos portafolios de inversión de los fondos de pensiones comenzaron a reflejar minusvalías, que corresponden al cálculo de posibles pérdidas que enfrentaría un inversionista si vende su activo en ese preciso momento.

Como remedio, la Superintendencia frenó temporalmente los traslados o cambios de operadora de pensiones de los trabajadores.

“Entre marzo y abril se vio una caída importante en los rendimientos. Y dado que la ley había dejado previsto la posibilidad de que la Superintendencia recomendara al Conassif que se suspendieran los traslados, hicimos al Consejo esa solicitud”, explicó.

El razonamiento fue que una minusvalía únicamente se convertiría en una pérdida si se hacía una venta o retiro del activo y eso sucedería si las personas seguían ejecutando traslados entre operadoras.

A raíz de esta decisión, en mayo se suspendió la Libre Transferencia y se previó que una vez que los rendimientos se recuperaran se habilitaría de nuevo, algo que finalmente sucedió el 2 de setiembre pasado.

En dicha fecha se trasladaron ¢49.100 millones y $26.000 de 13.285 afiliados que hicieron la solicitud durante el periodo de la suspensión.

“Se le pudo garantizar cada uno de los afiliados que gestionaron la transferencia entre operadora de pensiones, que sus ahorros previsionales para su vejez futura fueron debidamente acreditados en cada una de sus cuentas individuales”, dijo Aguilar.

Retos durante la pandemia

En Costa Rica, al igual que en otros países, ha existido presión de algunos sectores para poder retirar recursos que corresponden a los planes de pensión.

En opinión de la superintendente, esto es inadecuado pues se propone una protección en el corto plazo, pero deja al descubierto a las personas en cuanto su futuro.

Por ello, Aguilar visualiza como un reto el evitar que persistan estas presiones por un retiro anticipado, pues socavaría las pensiones futuras.

“El ROP es un régimen complementario, se llama así porque es un complemento a la pensión básica”, comentó.

Otro de los retos que visualiza es proveer mayor educación financiera a las personas, para que tomen mejores decisiones con sus recursos, a la luz de mayor conocimiento.

Supen también estará alerta de posibles fraudes y estafas que puedan surgir mientras permanezcan los efectos de la crisis por el coronavirus.


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