Tomás Gómez
“Se les acabó la fiesta, pero tampoco se quiere asfixiar”.
Así sintetiza la diputada Pilar Cisneros la visión que se tiene sobre la modernización que deberá aplicarse en la conseción de frecuencias de radio y televisión.
A días de que venzan los actuales derechos del espectro radioeléctrico, el debate se divide en dos vertientes. En el corto plazo se ve el tema de la contuinidad del servicio, donde el Gobierno ha planteado la posiblidad de una prórroga vía decreto y por otro está modernización más integral que debería emitirse vía ley.
Sobre ese tema el Gobierno encargó una propuesta al Ministerio de Ciencia, Tecnolgía y Telecomunicaciones (Micitt). Aunque los detalles siguen en preparación, Cisneros adelanta algunos criterios que deberían tomarse en cuenta.
Como punto de partida su propuesta es que los cálculos se hagan sobre la facturación de los medios: esto en vez de basarse en las ganancias o en cobros estandarizados que no diferencian el tamaño de las empresas.
“Nosotros nos vamos a ir por la línea de cobrar un porcentaje pequeño, no sé si va a ser un 4% o un 3%, a los medios de comunicación; todos por usar el vehículo”, indicó en entrevista con El Observador.
Un cobro más allá de impuestos
Durante la conversación, Cisneros alude a que desde su tiempos de periodista ella había hecho llamados a que los concesionarios propusieran una actualización de los pagos.
Los montos actuales los define como “una barbaridad”.
“No hay derecho. Es que no hay derecho. Entonces, ahora estamos trabajando en un proyecto de ley para que no sea la barbaridad”, indicó.
Su lectura es que si bien las industrias pagan los impuestos de renta, el aprovechamiento del espacio es diferente.
El porcentaje, si bien sugiere algunos números, es un tema que aún debe cocinarse.
“En eso habrá que negociar, a ver si es un 3% o un 4 % de la facturación, porque ustedes saben que también los resultados al final de cuánto gano lo pueden maquillar, pero la facturación más difícil maquillar. Entonces, usted quiere usar un vehículo público, perfecto, le va a costar equis porcentaje de lo que vende”, expuso.
Sector: “No es de recibo”
Aunque la idea del cobro sigue estando en debate antes de formalizarse en el papel, el sector no reaccionó bien a las palabras de Cisneros.
“Eso no es recibo, porque la concesión no vale de acuerdo al resultado que usted tenga”, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Radio (Canara), Gustavo Piedra.
Él defendió que ese factor se tasa mediante tributación.
“Usted paga un impuesto porque usted va a usar un bien demanial del Estado, que es una frecuencia. Pero como usted lo use no significa que va a subir o va a bajar el monto de ese impuesto, no es así”, anotó.
La lectura de ellos es que la intención de la ley original era cobrar un impuesto en lugar de un canon. Al respecto califican el monto actual de “bajo” pero a la vez señalan que ninguna administración ha actualizado las cifras, un proceso para que el que piden más
“Eso tiene que guardar proporcionalidad y traerlo a labor presente. Es un ejercicio que hay que hacerlo tomando en cuenta la cantidad de años de 1954, hay que tomar en cuenta períodos de inflación, cambio del dólar, cómo ha fluctuado la moneda y así poder determinar cuánto es lo que equivalía en ese momento lo que se paga actualmente y fijarlo”, concluyó.
Según argumenta, hay tres antecedentes para actualizar los pagos que el gremio presentó y que no fueron tomados en cuenta.
¿Qué pasará con las frecuencias?
Será el próximo 28 de junio cuando las concesiones actuales de frecuencias venzan y ante los trámites pendientes, el Gobierno ha confirmado a este medio que se dará la extensión temporal de las mismas.
A inicios de junio el Micitt aseguró que se emitirá un decreto para extender, temporalmente, el plazo de las concesiones vigentes de radio y televisión, antes de que llegue la fecha de caducidad.
Por el momento no se ha confirmado la fecha de emisión del texto y por cuánto tiempo se haría la extensión.
En paralelo, se trabaja las solicitudes específicas de prórroga que 98 interesados plantearon. Las peticione las analizó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) con informes específicos, los cuales ahora debe resolver el Poder Ejecutivo.
