Paula Ruiz
El Plenario aprobó un informe sobre el proyecto de ley de Empleo Público que corrige el texto con base en observaciones realizadas por la Sala Constitucional.
En este trámite, 30 diputados dieron su voto afirmativo y otros 14 lo rechazaron.
El informe de mayoría aprobado proviene de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad donde analizaron el voto de la Sala.
Entre los cambios más importantes está la exclusión del Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa de varios alcances.
Entre ellos, cada institución hará su propia columna salarial, podrán efectuar sus propios nombramientos y no estarán bajo el mando de lo que indique el Ministerio de Planificación (Mideplan).
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Además, se excluyen del nuevo tipo de despido para estos funcionarios al tener dos evaluaciones de desempeño negativas de manera consecutiva. Básicamente, la integralidad de la legislación pretendida, aplicará para el Poder Ejecutivo.
Pedro Muñoz, diputado socialcristiano, presentó un informe que no fue sometido a votación pues el tema quedó cerrado con la aprobación del otro documento.
Muñoz criticó el informe aprobado por aspectos como privilegiar “un sistema de castas donde se premia el amiguismo” sobre aspectos salariales.
“Fue tan malo el brete que hicimos en la Asamblea que la Sala se lo trae abajo, marca 35 inconstitucionalidades directas o indirectas”, dijo.
Otra de las voces críticas fue la de la independiente Paola Vega quien arremetió contra la Comisión por haber realizado los cambios señalados por la Sala y no hacer una revisión integral del texto para hacer otras modificaciones.
Camino espinado
Después de aprobado este texto, el proyecto con los cambios será enviado a consulta ante la Corte Suprema de Justicia, las municipalidades y universidades así como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, a las instituciones públicas descentralizadas que no están en competencia. Todas ellas tendrán ocho días hábiles para responder a la consulta realizada.
Para el 22 de noviembre se tiene prevista la votación en primer debate y en caso de ser positiva, puede ser enviado nuevamente a consulta facultativa ante la Sala Constitucional, dijo Silvia Hernández, presidenta del Congreso.
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Eso sí, las preguntas sobre el proyecto deberán ser nuevas y no haber sido ya evacuadas en las consultas previas ante el tribunal constitucional. Para este trámite se requieren mínimo 10 firmas de legisladores.
Si este panorama se cumple, los magistrados tendrán un mes para responder y congelaría la votación final del segundo debate.
La Sala podría volver a efectuar observaciones sobre el texto lo cual implicaría un nuevo proceso en Comisión Legislativa.
32 diputados votaron a favor del informe y otros 14 lo hicieron en contra.
