Paula Ruiz
Con 33 votos a favor y 7 en contra, los diputados concretaron un impuesto de 20% sobre la tarifa para vapeadores.
Los legisladores aprobaron, la tarde de este lunes, en segundo debate el expediente 21.658 “Ley de Regulación de los Vapeadores y Cigarros Electrónicos”.
Su votación se dio luego del aval de la Sala Constitucional, que consideró que no hay vicios de constitucionalidad ni de procedimiento en el proyecto.
La iniciativa es liderada por la oficialista Catalina Montero y el verdiblanco Luis Antonio Aiza.
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Este último resaltó el daño del uso de estos aparatos para la salud pública. Por su parte, Montero destacó que será el Ministerio de Salud el encargado de velar por el cumplimiento de esta Ley.
La recaudación
Las multas que se apliquen a quienes incumplan con esta legislación servirá de presupuesto para la entidad.
Pero lo que se recaude por concepto del 20% de impuesto al aparato (vapeador) será girado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esto para la compra de medicamentos de alto impacto financiero, a causa de enfermedades asociadas al tabaco como cáncer y problemas cardiovasculares.
Una de las voces en contra del proyecto fue la independiente Paola Vega, quien consideró que no hay evidencia científica contundente para equiparar el uso de vapeadores con los efectos del cigarrillo.
Además, consideró que el tributo de vapeadores es más alto al del cigarrillo lo cual genera una desigualdad.
Jairo Mena, director ejecutivo del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, adelantó días atrás que este impuesto, lejos de generar nuevos recursos por ventas lícitas, abonará al mercado informal.
Cifras aportadas por Mena indican que las ventas no lícitas o informales le generan al país una pérdida estimada al año de ¢700.000 millones. Y un nuevo impuesto solo vendría a aumentar este monto.
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Ahora el proyecto para a manos del Poder Ejecutivo para convertirlo oficialmente en Ley de la República.
