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44.542 empleados públicos tendrían recorte de jornada según propuesta de Gobierno, conozca el detalle por institución

Mideplan y Hacienda revelaron cifras en carta a diputados que discuten proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo

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Tiempo de Lectura: 3 minutosLa propuesta de reducción de jornadas  que plantea el Gobierno afectaría a un total de 44.542 funcionarios, de los cuales la mayoría son parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Poder Judicial e instituciones autónomas.

Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), y Elian Villegas, de Hacienda, revelaron las cifras en una carta enviada el 29 de julio a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, que estudian la propuesta de reducción de jornada del 15% a los funcionarios con mayores salarios.

Los ministros estimaron que la medida le aplicaría a un total de 44.542 personas que ganan más de ¢1,5 millones. Están dentro del ámbito de cobertura del proyecto del proyecto de ley para alcanzar 223 entidades, de las que se excluyen los cuerpos policiales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud.

El proyecto 22.081 generaría un ahorro neto cercano a los ¢166.650 millones en un momento crítico para las finanzas públicas, según las estimaciones reveladas en la carta.

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Garrido y Villegas justificaron la necesidad de aplicar la medida de reducción. “La sociedad demanda hoy más que nunca, que todos contribuyamos a la mitigación del efecto socioeconómico de la crisis con sacrificio y responsabilidad, anteponiendo el interés nacional a los intereses particulares”, anotaron en la carta.

“En este caso, es imperativo que las personas servidoras públicas con los salarios más altos que gozamos de estabilidad y que hemos podido mantener nuestros ingresos intactos, contribuyamos solidariamente con quienes han sido afectados por la pandemia”, concluyeron.

Desde el inicio de la pandemia en marzo, 150.000 trabajadores del sector privado han visto sus jornadas y salarios reducidos, con otras 65.000 que han visto sus contratos suspendidos totalmente.

UCR, CNFL y Banco Nacional

El ahorro por reducción de jornadas por sí solo asciende a ¢178.103 millones, a lo que se le suma el efecto de los ahorros por disminución de cargas sociales, por ¢43.435 millones, la disminución en previsión de aguinaldo y salario escolar por ¢14.836 millones, cada uno, generando un ahorro bruto de ¢251.009 millones

Sin embargo en parte se compensaría por una disminución en el pago de impuestos de renta por ¢30.971 millones, así como una compensación a la CCSS por cerca de ¢42.981 millones, al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) por ¢9.647 millones y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por ¢965 millones.

En total, se genera una disminución en el ahorro bruto de ¢84.563 millones por los impuestos y cargas sociales que se perderían.

La reducción se aplicaría además para 3.096 funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), 1.423 del Banco Nacional, 1.042 de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y 1.080 del Ministerio de Hacienda.

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Los ministros señalaron que el salario promedio de los trabajadores del sector público en Costa Rica es cercano a ¢1,1 millones, mientras que aquellas personas que ganan más de ¢1,5 millones se encuentran, según datos del INEC, en el quinto quintil (que corresponde al 20% de mayores ingresos del país).

“El salario bruto promedio de los hogares del quinto quintil fue de ¢1.534.888 en el periodo febrero 2018-2019, por lo que la medida tiene un componente importante de progresividad”, expresa la carta.

Nueva estimación

Originalmente el Gobierno había estimado que la medida impactaba a 35.000 funcionarios y se traducía en un ahorro de ¢129.700 millones cuando hizo el anuncio el 13 de julio.

En la carta del 29 de julio, Mideplan explica que ahora están reestimando los datos a partir de información de el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja.

La estimación inicial se hizo a partir de una base de datos conformada de diferentes fuentes como lo son los sistemas INTEGRA 1 y 2, información de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) y otra aportada por algunas instituciones.

“A la fecha, no se cuenta con una base de datos de la totalidad de funcionarios públicos. Esto demuestra la necesidad de contar con una base de datos centralizada y unificada de todas las personas servidoras públicas, propuesta que está considerada en el proyecto 21.336 Ley Marco de Empleo Público”, explica la carta.

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Aún usando la nueva base de la CCSS, se requirió hacer un ajuste para excluir a las fuerzas policiales, que aparecen en las bases de los ministerios de Hacienda (policías fiscales), Obras Públicas y Transportes (policías de tránsito), Seguridad, Gobernación y Justicia (policías de la Fuerza Pública).

“Debido a que la variable ‘Ocupación’ proporcionada en la base de datos de la CCSS, no refleja apropiadamente los cuerpos policiales, se procedió a estimar la proporción de cuerpos policiales que quedarían excluidos con datos de Integra 1 (para los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes, Seguridad, Gobernación y Justicia) y el Cubo de la STAP (para los cuerpos policiales del Poder Judicial)”, explicaron.


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