Tomás Gómez
La ministra de la presidencia, Geanina Dinarte, presentó una Acción de Inconstitucionalidad contra la comparecencia del mandatario Carlos Alvarado ante la comisión legislativa que estudio la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La tesis oficialista es que se trató de una “interpelación velada”.
Dinarte señaló que “las pruebas y descripción de los hechos de la “interpelación velada”, la cual duró varias horas, representan una transgresión de varias normas y principios constitucionales”.
Aseguró que de la acción legal es “evitar que a futuro se genere nuevamente una alteración al Estado democrático de Derecho”.
La Sala IV ya había rechazado de plano los primeros recursos contra la convocatoria, interpuestos a favor de Alvarado.
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Ante los diputados
El escándalo del denominado caso UPAD generó investigaciones bajo diversas instancias, una de las ellas una comisión especial en la Asamblea Legislativa.
Tras decenas de audiencias, el foro convocó al presidente Alvarado, quien reclamó ante diversas instancias que se trataba de una irregularidad. En medio de críticas y reclamos, incluso ofreció comparecer en Casa Presidencial.
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El grupo de diputados no cedió a los reclamos y finalmente, el 10 de febrero, el mandatario tuvo que llegar a Cuesta de Moras. La sesión de la comisión se hizo en el Plenario.
La convocatoria se extendió por casi 9 horas y en ella se cuestionaron aspectos legales y políticos.
El Plenario fue adaptado para que ahí se pudiera dar la convocatoria al mandatario Carlos Alvarado por el caso UPAD (Tomás Gómez/El Observador)
¿En qué paró la Comisión?
A finales de abril pasado, la comisión de la UPAD emitió su informe final donde se concluyó que la idea de la cuestionada oficina fue del presidente Alvarado y que a la fecha, se desconoce dónde están los datos a los que tuvieron acceso los exasesores del Mandatario.
Además, determinaron que no se contó con protocolo de seguridad, espacio físico, seguro ni equipo de cómputo para el manejo de los datos sensibles.
En el informe se solicitó al Ministerio Público investigar a la ministra de planificación, Pilar Garrido, por el presunto delito de perjurio pues los congresistas. Adujeron que brindó falso testimonio ante la Comisión.
También ofrecieron el traslado de prueba documental recogida por los diputados sobre el presidente Alvarado, el exministro Víctor Morales y el ex viceministro de Planificación Luis Daniel Soto.
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Además, piden investigar a Elizabeth Mora, directora de la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (Prodhab) por el presunto incumplimiento de sus deberes.
Para continuar, también solicitaron al Ministerio Público investigar a varios funcionarios y exfuncionarios:
- María Fullmen Salazar, exdirectora del IMAS por trasladar información sensible al exasesor presidencial Santiago Álvarez
- Ericksson Álvarez, director del Sinirube por trasladar información sensible a Casa Presidencial
- Michael Soto, ministro de Seguridad, por trasladar información sensible a Casa Presidencial
- Santiago Álvarez, exasesor presidencial, por solicitar información sensible
- Incorporar prueba documental obtenida durante la investigación contra los exasesores Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández y Felly Salas
