Tomás Gómez
Pasadas las 10:00 de la mañana, la sede del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) volvió a sus operaciones tras el cierre que ejecutó el viernes la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda.
Randall Quirós, presidente del PUSC, confirmó el dato e indicó que fueron directamente los funcionarios públicos quienes quitaron los sellos y cintas que prohibían abrir el local.
Quirós reiteró que no están conformes con el actuar de Hacienda y defienden que su naturaleza jurídica no es comercial, por lo que no procedía el trámite.
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“Nosotros no somos ninguna empresa, ningún establecimiento mercantil. Aquí no se venden servicios ni ninguna mercancía”, dijo el dirigente.
“Creemos que esto ha sido una arbitrariedad y una persecución política desde que nuestra fracción no ha acompañado la agenda económica que ha planteado el Gobierno”, agregó.
PUSC cerrado por problema solucionado hace 5 años
La mañana del viernes anterior personal de Tributación ordenó el cierre por 5 días de la oficina del PUSC en Barrio Tournón.
El caso se relaciona con la retención de impuestos sobre la renta entre el 2014 y el 2016.
Desde ese momento la dirigencia denunció las presiones políticas por no apoyar planes del Gobierno en materia de impuestos, presupuesto y acuerdo con el FMI.
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“En este caso, no fue que el partido no había pagado, sino que pagó dos días posteriores a la fecha indicada. Además, vienen a ejecutar 5 años después de la orden de cierre, cuando ya la prescripción operó. Es, totalmente desde mi perspectiva, una persecución política para que el PUSC no pueda realizar su inscripción”, mencionó Quirós entonces.
Ese mismo día, los rojiazules recurrieron al TSE, que confirmó el derecho del PUSC a realizar las asambleas.
Además, dio 3 días para que Tributación justifique su actuación.
Pese a los problemas en su sede, el PUSC celebró sus asambleas el domingo y ya tiene papeletas para diputados en Heredia y Cartago (Cortesía)
Rivales y socios respaldan, Gobierno se lava las manos
El cierre de la sede del PUSC fue noticia local e internacional.
Los partidos latinoamericanos afines a esta agrupación y que integran la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), con sede en Chile, emitieron una declaración en la que se fustigó la acción de la dependencia del Poder Ejecutivo.
“La ODCA lamenta que el Gobierno costarricense adopte medidas antidemocráticas que representan una clara persecución política hacia los sectores opositores y un intento ilícito para impedir la participación democrática”. Así reza parte de la resolución firmada por Juan Carlos Latorre y Francisco Javier Jara, presidente y secretario general de la ODCA.
Igual de críticos fueron los partidos opositores locales. Algunos hasta compararon el cierre con las medidas que toma el régimen sandinista en Nicaragua contra sus rivales.
“Es inaceptable que se utilice la institucionalidad para no permitirle a un partido político a que realice sus procesos de renovación de estructuras, ante la coyuntura polarizada y compleja, que vive el país”, señaló el Partido Liberación Nacional (PLN) mediante un comunicado de prensa.
Nueva República, por su parte, pidió la renuncia del ministro de Hacienda, y Unión Liberal comparó el hecho con la persecución del régimen sandinista a la oposición en Nicaragua.
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Desde el Gobierno, el presidente Carlos Alvarado rechazó estar enterado del caso y dijo que era “una barbaridad”. Según su versión, Tributación actúa de manera autónoma.
“Si hay algo sagrado en Costa Rica es la democracia. Aunque el bloque de legalidad estuviera en el actuar, no se puede obviar que hay un contexto de elecciones y en Costa Rica las elecciones son sagradas”, dijo.
El lunes anterior, la Asamblea aprobó una moción para que Hacienda explique sus actuaciones, a la que solo el PAC se opuso.
