Tomás Gómez
Pese a las continuas advertencias hechas por los sectores productivos sobre los portillos legales que abriría el Acuerdo de Escazú, el Gobierno aprovecha sus últimos días para seguir defendiendo la normativa.
Así se plasmó esta semana en una reunión convocada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), donde la representación oficial estuvo a cargo de la vicepresidenta Epsy Campbell.
En su intervención, la política mostró su molestia porque una decena de países, contando a Costa Rica no hayan adoptado el Acuerdo.
“La satisfacción no puede ser total cuando mi país y una docena de países más no han culminado sus procesos de ratificación”, afirmó Campbell ante la cumbre que reunía a los Gobiernos que sí han aprobado la normativa.
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Ella fustigó ahí los argumentos de los opositores, alegando que hay divisiones sociales sobre las políticas ambientales.
“Nuestras sociedades se han polarizado, más o menos, en debates absurdos sobre la disyuntiva de conservación del ambiente y el Desarrollo Sostenible”, agregó.
Advertencias sobre riesgos de Escazú
El Acuerdo de Escazú se presentó bajo el argumento de proteger ambientalistas y garantizar el acceso a información pública pero incluyó graves portillos contra la seguridad jurídica.
Diversos sectores económicos han advertido de los riesgos que acarrearía. Uno de los análisis más críticos lo publicó la Unión de Cámaras, para quienes se trata de un documento inconstitucional con falencias sintetizadas en 5 puntos:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad que destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.
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Los gremios de industria, alimentación, turismo, construcción, ganadería y exportación también advirtieron sobre los efectos negativos que tendría la normativa.
Incluso la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) advirtió que el Acuerdo podría desalentar las inversiones estadounidenses, claves en la economía nacional.
Costa Rica fuera del plan que vio nacer
El Acuerdo de Escazú fue impulsado por Costa Rica y Chile desde hace 4 años, pero ambos países ahora toman distancia.
El documento fue firmado por 24 naciones pero requiere de la ratificación legislativa. Al llegar a la mitad meses atrás, el Acuerdo entró en vigencia para los países que ya lo incorporaron.
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Para el caso costarricense, los diputados lo ratificaron en primer debate pero la Sala Constitucional anuló el proceso por defectos formales. El trámite encalló desde el 2020 pero el Gobierno lo incluyó varias veces en la agenda legislativa.
Incluso el presidente Carlos Alvarado defendió el Acuerdo de Escazú en su informe anual y atacó a los opositores.
“Esas advertencias creo que, en mi opinión, sobredimensionan algo que no está”, llegó a decir en noviembre pasado.
