Paula Umaña
La audiencia preliminar prevista para este sábado 8 de junio en el caso que se sigue contra Abelino Esquivel, exlegislador del partido Renovación Costarricense (PRC), fue suspendida tras la inasistencia del abogado defensor Guido Núñez Jarquín.
Esquivel es acusado por los supuestos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, tras presuntos cobros indebidos a tres subalternos de su despacho durante su labor como diputado.
La audiencia estaba programada para la 9 a. m. Sin embargo, Núñez no se presentó en el Circuito Judicial.
“En su autonomía de la voluntad el defensor decidió no comparecer, esto generó que el juez decretara el abandono de la defensa del señor Abelino y su esposa doña Xinia”, explicó José Pablo Miranda, fiscal coordinador del caso.
Ahora, Esquivel y su esposa tendrán tiempo hasta este lunes para señalar a otro abogado defensor. Si el plazo no se cumple, las autoridades judiciales les designará un defensor público.
Aunque se intentó contactar con Núñez, el abogado no atendió a las llamadas de El Observador.
Por su parte, Abelino Esquivel salió apresurado de los Tribunales de Justicia y se negó a dar declaraciones a la prensa.
“Pregúntenle al abogado, estamos en un proceso”, fueron las palabras que repitió ante las cámaras.
La audiencia preliminar estaba propuesta para el 23 de mayo, pero el abogado de Esquivel solicitó su aplazamiento por una incapacidad.
Esta semana pidió, una vez más, suspender la sesión alegando obligaciones académicas, pero el juez José Pablo León denegó su solicitud.
Tres acusados
El proceso judicial también incluye a su hermana Wray Esquivel, quien era jefa de despacho y se encargaba de tramitar los cobros a los exempleados de apellidos Oconitrillo, Rodríguez y Marín.
Por esto, los hermanos Esquivel se enfrentan a la acusación de cuatro delitos por concusión y uno por enriquecimiento ilícito.
El exlegislador se expone a una pena de dos a ocho años de cárcel de comprobarse que cometió el delito de concusión, es decir, que abusando de su calidad o de sus funciones, “obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”, según dicta el artículo 355 del Código Penal.
También figura como imputada su esposa, Xinia Cortés (nombrada asesora de Esquivel), por devengar un salario por el puesto, aunque no se presentaba a trabajar.
Ella enfrenta acusaciones por dos delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito.
Diezmos exigidos
El caso de los “diezmos”, como lo nombran dos de las afectadas, se dio a conocer a inicios del 2018, cuando Esquivel se acercaba a la culminación de su gestión en la Asamblea Legislativa.
Los asesores Álvaro Oconitrillo, Joselyn Rodríguez y Shirley Marín aseguraron que Esquivel les exigía un pago mensual, sin ahondar en las razones del porqué debían hacerlo.
A Oconitrillo se le dio el puesto con la condición de entregar parte de su salario al pastor, y tanto a Marín como a Rodríguez se les empezó a cobrar cuando ya eran empleadas en la Asamblea Legislativa.
En total, Esquivel recibía aproximadamente la suma de ¢575.000 mensuales, entre los cobros realizados a Oconitrillo (¢400.000), Rodríguez (¢125.000) y Marín (¢50.000), que eran cobrados por su hermana Wray Esquivel.
En abril del 2018, unos días después de hacerse público el caso, el exdiputado de Renovación despidió a los tres empleados.
Quienes militen en el PRC pueden aportar una contribución del 5% para financiar la operación de la agrupación política. No obstante, los montos entregados por los tres asesores nunca fueron dirigidos a las arcas del partido, según confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Paula Umaña
Un viaje diario entre palabras, versiones, hechos y verdades. Una periodista en constante aprendizaje, con el sueño de ser bióloga marina y sumergirse en las historias más profundas del gigante acuático.
