Tomás Gómez
Tras la polémica audiencia del presidente Carlos Alvarado por el caso UPAD, su defensa sigue promoviendo la hipótesis de que hay filtraciones en el caso judicial.
A las dudas por la publicación de la supuesta clave telefónica a cargo del diputado Dragos Dolanescu, ahora los abogados del presidente suman dudas sobre un informe del OIJ.
“Es un hecho público y notorio que la información de los procesos penales se filtra con regularidad, y es una verdad incuestionable que en este caso particular se ha venido filtrando información del expediente”, dijo el equipo legal en un comunicado.
“Esto supone un peligro gravísimo e inminente de que se haga de conocimiento público información sensible que maneja el señor Presidente de la República, que no tiene nada que ver con los hechos investigados. No tiene por qué estar en manos de la Policía, de la Fiscalía, o de cualquier otra persona”, agregaron.
La crítica específica surgió pues en una publicación de prensa se afirmó que se había tenido acceso a un informe de la Sección de Cibercrimen del OIJ. Según el equipo legal, se trata de información hecha a solicitud de la Fiscalía
En el mismo comunicado, se insistió en que la Fiscalía abrió prueba sin el debido proceso, rechazando, eso sí, acusaciones más graves.
“Nunca hemos sostenido que los correos hayan sido analizados o modificados. Eso es algo que no nos consta y que no podemos comprobar”, mencionó el abogado Roger Guevara.
Fiscalía pidió evitar desinformación por UPAD
El ala afín al presidente Alvarado ha promovido en la última semana la posibilidad de filtraciones en el caso UPAD. Así lo señalaron incluso los asesores de más confianza, aunque Zapote luego le bajó el perfil a las declaraciones.
Ante ello, la propia Fiscal General, Emilia Navas, emitió el viernes un comunicado en el que califica como “desinformaciones” los señalamientos por el caso UPAD.
“Somos el órgano con mayor interés en que no se dé la filtración de información sensible. Cuando conocimos que se expusieron datos en la comparecencia legislativa, solicité al OIJ el inicio inmediato de una investigación para identificar a la persona o personas responsables”, expresó la funcionaria.
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Según dijo, cerca de 50 personas ajenas a la Fiscalía pueden acceder a información. Entre otros, citó a abogados defensores, querellantes y sus asistentes, imputados y la Procuraduría.
Navas también negó que se hayan conocido pruebas de manera ilegítima y reiteró que todo el caso es tutelado por la Sala III.
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“El hecho de que algunas partes procesales no estén de acuerdo con las resoluciones que han dado la razón al Ministerio Público en este caso, no significa, en absoluto, que se trate de actuaciones irregulares”, concluyó.
