Tomás Gómez
Los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara, representantes de Carlos Alvarado en el escándalo de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) interpusieron este viernes dos gestiones para reclamar por las actuaciones de la Fiscalía durante el allanamiento a Casa Presidencial.
El Observador conversó con Guevara quien puntualizó como principales errores:
- El decomiso de los dos celulares pertenecientes al presidente
- Secuestro de información no relacionada al caso
“Es un tema de respeto al debido proceso. El señor presidente tiene toda la disponibilidad, disposición, voluntad e interés de ayudar en la investigación para que prevalezca la verdad. Se creo una unidad para tomar decisiones, aquí no hay un delito”, indicó el jurista.
Guevara contó además que a la fecha los celulares de Alvarado siguen en poder del Ministerio Público.
Escándalo político y judicial
La creación de la UPAD se había materializado en setiembre anterior pero salió a la luz en febrero cuando el decreto de creación fue publicado en La Gaceta.
La normativa, firmada por el presidente Alvarado, el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto, obligaba a las instituciones públicas a brindar datos confidenciales a Casa Presidencial.
Aunque el decreto fue derogado tras una semana de vigencia se evidenció que un grupo de funcionarios llevaba meses desarrollando actividades en esta línea, lo que generó una de las peores crisis enfrentadas por el Gobierno.
El escándalo conllevó investigaciones en la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa y la Fiscalía, que allanó Zapote por primera vez en la historia.
Durante las diligencias, que tomaron 36 horas, se allanaron también la sede del Ministerio de Planificación y las casas de los asesores de datos del Gobierno.
Por esta causa se investiga judicialmente a Alvarado, el exministro Morales y el exviceministro Soto como firmantes del decreto, al abogado Luis Salazar como asesor legal del mismo y a los exfuncionarios Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, así como a la exjefa del despacho presidencial, Felly Salas.
Salvo Alvarado, todos los demás quedaron fuera del Gobierno por renuncia o destitución.
