Sylvia Alvarado / Tomás Gómez
El trágico accidente de Nature Air ocurrido el 31 de diciembre de 2017, en Punta Islita, donde perdieron la vida 10 pasajeros estadounidenses y dos pilotos ticos, pudo haber llamado la atención de la FAA como para volver después de más de 20 años a hacer una auditoría que a la postre terminó en degradar la categoría del país en seguridad aeronaútica.
Aunque el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, dijo que la auditoría de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés), se debe a asuntos técnicos y no tiene que ver con ningún accidente; y el director de Aviación Civil, Guillermo Hoppe, aclaró que no puede asegurar que el accidente esté mencionado en el informe, – dado que aún no le ha sido enviado-, dijo a El Observador:
“No puedo asegurar que eso esté en el informe; la FAA no nos ha hecho un comunicado. No lo mencionaron en esa forma, sin embargo, estando uno en la posición de Estados Unidos, si ocurre un accidente en otro estado y uno se pone a revisar y uno dice ay mirá, en Costa Rica pasamos muchos años sin volver a hacer una auditoria, y pasó ese accidente, entonces posiblemente cualquier persona diría: bueno, podemos aprovechar la oportunidad para realmente vigilar porque hay vidas de familias que se perdieron ahí”, dijo Hoppe.
El director indicó que la investigación de ese accidente está en su etapa final y está trabajándose de la mano de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), organización independiente del Gobierno de EE. UU. que se dedica a la investigación de accidentes de aviación civil.
Esto porque “cuando se dio el accidente, se tomó la decisión a falta de recursos y al ser un tema tan complejo y tan sensible buscamos apoyo en otros estados que tienen un mejor equipo de trabajo”.
Hoppe enfatizó que “el certificado de operador aéreo de Nature Air se había suspendido y en esta administración, hace unos meses se canceló”.
Fue una sorpresa
Hoppe dijo haberse sorprendido este lunes cuando recibió en su oficina una visita de un personero de la embajada de Estados Unidos, con una hoja en que se le informaba de la situación, debido a que desde febrero venían trabajando en las observaciones resaltadas en la primera fase de la auditoría.
“Tomé la nota y me sorprendí y estaba como esperando el reporte final y me dice: no, no hay reporte, esa es la única comunicación. Le dije pero cómo, nosotros necesitamos un reporte, ustedes nos están bajando de categoría y lo van a publicar. Acompañado de ese reporte nos trae una nota donde están haciendo el ofrecimiento de contar con ese fondo de apoyo, lo cual agradecemos”.
¿Impacto en la imagen del país?
El jerarca del MOPT dijo creer que no habrá impacto. La Ministra de Turismo, María Amalia Revelo, tampoco respondió a la pregunta del impacto en la imagen del país y si tiene un plan para mitigarlo.
Sin embargo, Hoppe dijo que “definitivamente pues hay un impacto, no todo el mundo revisa esto, pero si una persona va a venir a Costa Rica y verifica y ve que Costa Rica está de categoría 2, puede preguntarse ¿qué pasó, será que no es seguro? Siempre hay una duda que se puede generar de parte de algunas personas y eso es lo normal que cualquier persona pensaría”.
Hoppe agregó que “la afectación en sí es solamente para las aerolíneas Avianca y Volaris que tienen frecuencias a Estados Unidos, pues no pueden aumentar sus vuelos. Si un turista viene en una línea norteamericana ingresando al país puede sentirse seguro porque lo que está aquí en cuestionamiento no son las líneas áreas de bandera estadounidense, sino la capacidad de Costa Rica de poder garantizar que la regulación y las enmiendas están al día”.
Una década de incumplimientos
Tras aclarar que en unos cuantos meses no se pueden arreglar las deficiencias señaladas en la última década, Mendez y Hoppe se comprometieron a trabajar con la FAA y los operadores nacionales para recobrar la categoría 1. “Pondremos todo nuestro ahínco para retomarla”, dijo el Ministro. Hoppe luego dijo que espera que eso se pueda lograr “este año”.
Al respecto, Jorge Fernández, exdirector de Aviación Civil en los años 2007-2013, refutó tajantemente las declaraciones brindadas por Hoppe “respecto a que la perdida de categoría por parte de la FAA, proviene de la gestión de hace 10 años, queriendo con esto responsabilizar a un equipo que trabajó apegado a los más estrictos controles y normativas vigentes que regulan la actividad aeronáutica”.
“Lamentablemente en diciembre del 2017, se dio una de las peores catástrofes de la aviación civil comercial de nuestro país, donde fallecieron dos pilotos y 10 turistas estadounidenses que viajaban en una línea aérea que recién había recuperado la vigencia del certificado de operación, luego de que se le suspendiera por pasar por problemas económicos entre otros”.
En criterio de Fernández, también ex subdirector regional de la Oficina OACI, para Norte, Centroamérica y el Caribe, “la autoridad de aviación debió haber extremado la vigilancia sobre la empresa y ser más cuidadosa al volver a certificar la operación de la misma”.
Sylvia Alvarado / Tomás Gómez
