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Marcela Acosta para El Observador
En uno de nuestros primeros artículos les comentamos sobre las reformas que la Ley número 7476 (Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia), había sufrido en el tiempo. Una norma pensada para prevenir, prohibir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia.
Como se indicara en ese artículo, la norma ha sido objeto de varias reformas.
Para este año, mediante el expediente número 21.749 se tramitó el Proyecto de Ley que reformará los artículos 29 y 38 de la Ley 7476. Este proyecto ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa y entrará en vigencia una vez que lo firme el Presidente y sea publicado en La Gaceta.
La reforma al artículo 29 que regula la presentación de demandas por hostigar a menores, contará con un nuevo párrafo. Según este, para denuncias no judiciales, los menores de edad tendrán derecho a denunciar, por cualquier medio, sin necesidad de hacerse acompañar de un representante legal. No se le podrán exigir requisitos de admisibilidad que impidan o atrasen las investigaciones y medidas oportunas para resguardar al menor que denuncia.
La versión del artículo 29 todavía vigente únicamente hace referencia a las denuncias judiciales. Para estas se requiere la participación del padre del menor o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), salvo que el menor tuviera 15 años y estuviera legitimado para presentar la demanda directamente.
Esta vendría a ser una voz de alerta no sólo para los centros docentes. También lo será para aquellos empleadores que tengan en su nómina menores de edad, pues ahora se les dota a estos de la posibilidad de accionar por sí mismos. Por lo tanto, actos que pasaron en el pasado desapercibidos y sin sanción podrían dejar de serlo. Si sus políticas internas son endebles es momento de reforzarlas; a todo nivel.
No obstante lo positiva de la inclusión, pues permitirá dejar de encubrir ciertos actos de acoso que no se denunciaban porque los menores no podían hacerlo o por no contar con el apoyo de un adulto que les ayudara a pedir auxilio, queda pendiente una gran tarea. Los centros educativos y empresas en general, deben tener claridad de cuándo se está en presencia de acoso sexual y las consecuencias de una denuncia falsa. Más aún, un reforzamiento en el personal en general de evitar incurrir en estas conductas que, desde 1995 han quedado reguladas y prohibidas dentro del marco de la Ley 7476.
Ardua tarea también para los padres, como formadores de estos menores, que deben empaparlos debidamente de sus derechos y obligaciones. También tendrán que explicarles sobre las consecuencias de una denuncia falsa que atente contra la honra de alguna persona, con el único fin de perjudicarle.
La reforma al artículo 38 de la Ley 7476 está relacionada con la interposición de denuncias y la prescripción. Ampliará el plazo para interponer la denuncia en el ámbito de trabajo y educativo, tanto en sede administrativa como judicial, pasando de dos a ocho años. Además, adicionará un párrafo para el caso de personas menores de edad en el que se indica que este plazo se computará a partir del momento en que alcancen la mayoría de edad.
Conclusión. ¡Mucho ojo! Nuestra sociedad sigue una tendencia a endurecer las sanciones por acoso como comportamiento reprochable tanto en la docencia como en el empleo. Si todavía es de los que piensan “sólo tiraba la caña a ver qué pescaba”, “no era para tanto”, “ya se le pasará”… tal vez sea momento de dejar de actuar “por instinto”. En la escuela a enseñar y en el trabajo a trabajar. En este último caso, salvo que las señales de aceptación y consentimiento sean claras y recíprocas, no presuma que sus palabras pasadas de tono, que sus chistes de doble sentido o que los tocamientos corporales no solicitados, pasarán sin consecuencia.
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