Tomás Gómez
A las críticas contra el Acuerdo de Escazú ahora se suman varias fracciones de la Asamblea Legislativa, espacio donde se tomará la decisión final del polémico texto.
A lo largo del miércoles tanto la Unidad Social Cristiana como los diputados afines a Nueva República emitieron duras críticas al documento.
“Nos preocupa enormemente las implicaciones negativas que el Acuerdo de Escazú generaría al sector productivo y a la generación de empleo, en momentos donde se necesitan acciones concretas para dinamizar la economía”, indicó el PUSC en un comunicado.
“Es un acuerdo que va a ponerle palos a la carreta a la producción”, agregó Pablo Heriberto Abarca, nuevo jefe de fracción del grupo.
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Desde las filas del bloque crisitiano las críticas se concentraron en la desprotección que se generaría al sector productivo.
“El ambiente y el desarrollo sostenible por supuesto que deben ser parte de la agenda del Congreso, pero el Acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas, es ambiguo y entorpece los procesos de toma de decisiones”, reza su comunicado.
Liberación Nacional, que con 17 diputados es la bancada más grande, no define hasta ahora una posición homogénea.
Paola Vega como máxima defensora
Donde sí hay respaldo para el Acuerdo de Escazú es en el oficialismo, donde la defensa la encabeza la diputada Paola Vega.
Según ella, “es vergonzoso” que el país no realice la ratificación pese a haber impulsado este plan.
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A su criterio, se pone en riesgo la cooperación internacional a nivel económico por no aprobar este acuerdo.
“El acuerdo entra en vigor, lo que daña es la imagen del país en materia ambiental y me preocupa que Costa Rica recibe dinero para esto y es poner en riesgo esta cooperación internacional”, aseguró.
Su postura fue ratificada por la fracción de Gobierno, que catalogó el Acuerdo como “inédito e histórico”.
Además, Vega la emprendió contra los sectores críticos con el Acuerdo.
El sector empresarial tico hace un copy paste de las observaciones del sector empresarial chileno sobre Acuerdo de Escazú. Desconocen que la legislación tica en materia ambiental es amplísima, hace años, y que lo que preocupa a otros países, Costa Rica lo tiene incorporado ya.
— Paola Vega 🫧 (@paolavegar) April 21, 2021
Escazú es inconstitucional, según empresarios
En esta misma jornada tanto Uccaep como la Cámara de Industrias emitieron sendos comunicados alertando sobre la inseguridad jurídica que generaría el Acuerdo de Escazú.
Según el análisis de los expertos se trata de un proyecto inconsitucional, al que señalan como problemáticas:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad de destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisioens públicas.
Costa Rica a ritmo diferente
Aunque fue la sede de la negociación final del Acuerdo de Escazú, el país no ha dado un trámite expedito a su ratificación.
Tras una votación en primer debate, la Sala Constitucional anuló el proceso. El trámite debió reiniciarse y más de un año después el Gobierno volvió a convocar el proyecto, lo que generó preocupación.
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Quienes sí lo ratificaron fueron 12 de los 24 países firmantes. Así, se cumple el requisito para que el Acuerdo entre a regir este 22 de abril.
La lista abarca a: Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Uruguay y México. Por América Central estarán Nicaragua y Panamá.
Además lo ratificaron los estados caribeños de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
El Poder Judicial también fue crítico del Acuerdo de Escazú y señaló que no había recursos para las nuevas tareas que le impone la norma (Alonso Solano/El Observador)
