Tomás Gómez
Tras varios cambios en la agenda, el Gobierno volvió a incluir el llamado Acuerdo de Escazú en la lista de proyectos para votación de los diputados.
Se trata de un tratado regional promovido para la participación social en los casos judiciales ambientales. Pero los expertos han encontrado choques legales que terminan por generar inseguridad jurídica.
Así lo advierte el presidente de Uccaep, José Álvaro Jenkins y el de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff
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“El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países, pero nadie del Gobierno lo consultó de previo a la firma.
“El proyecto de ley nunca fue puesto en consulta por la Asamblea Legislativa al sector productivo, ni a nivel de Comisión, ni en el Plenario.
“Hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, dijo Jenkins.
“Es preocupante que la Asamblea Legislativa llegue a aprobar el denominado Acuerdo de Escazú, que presenta inconstitucionalidades, tanto en su regulación general como en su articulado.
“Además genera inseguridad jurídica y una pésima señal para el sector productivo, que es el principal actor para la reactivación económica y la generación de empleo que tanto necesita el país”, agregó por su parte Egloff.
6 alertas del Acuerdo de Escazú
Según el estudio hecho por Uccaep, el Acuerdo de Escazú tiene amplios portillos de inseguridad jurídica, entre los que destacan:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad de destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisioens públicas.
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“Se crea un mecanismo inadecuado de participación del público en los procesos de toma de decisiones. Por lo que eso habilita un espacio para que el Estado tenga que actuar y las empresas que desarrollen cualquier tipo de proyecto se puedan ver paralizados.
“Esto por acción de cualquier persona, especulación o imaginación que la actividad, proyecto, o acto pueda tener un impacto significativo sobre el ambiente”, dijo Jenkins.
“Costa Rica está abrumada de trámites y trabas que dificultan el emprendimiento y la iniciativa. El acuerdo habilita un nivel de apertura a sanciones al empresario, que atenta y limita la iniciativa e inversión empresarial en vez de promoverla”, agregó.
El Poder Judicial también fue crítico del Acuerdo de Escazú y señaló que no había recursos para las nuevas tareas que le impone la norma (Alonso Solano/El Observador)
Oficialismo insiste en el tratado
La diputada oficialista Paola Vega es quien ha pujado por la aprobación de este acuerdo.
Este martes, se planteó una moción para conocer este acuerdo, pero la enmienda no tuvo el respaldo necesario.
Para Vega es vergonzoso que el país no realice la ratificación pese a haber impulsado este plan.
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A su criterio, se pone en riesgo la cooperación internacional a nivel económico por no aprobar este acuerdo.
“El acuerdo entra en vigor, lo que daña es la imagen del país en materia ambiental y me preocupa que Costa Rica recibe dinero para esto y es poner en riesgo esta cooperación internacional”, aseguró.
La diputada Paola Vega, del PAC, ha sido de las más insistentes en avanzar con el Acuerdo de Escazú (Asamblea Legislativa).
Acuerdo de Escazú arranca sin Costa Rica
El Acuerdo de Escazú es una herencia de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible en el 2012.
Tras esa cita, arrancaron las negociaciones lideradas por Costa Rica y Chile hasta la firma del Acuerdo final en 2018. La cita final se dio precisamente el 4 de marzo en esta ciudad costarricense, la cual le dio el nombre.
De acuerdo con el derecho internacional, los convenios de este tipo los firman los Gobiernos, pero luego van a aprobación interna. Este proceso casi siempre es legislativo.
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En el caso costarricense, hubo aprobación en primer debate pero en febrero del 2020 la Sala Constitucional anuló el proceso por vicios de procedimiento. El trámite completo debió reiniciar sin avances a la fecha.
Mientras tanto, 12 países de los 24 firmantes ya ratificaron la norma y está lista para entrar a regir.
La medida se celebrará el 22 de abril en el marco del Día de la Tierra en un acto convocado por la Comisión Económica para América Latina.
Estrenarán el Acuerdo de Escazú: Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Uruguay y México. Por América Central estarán Nicaragua y Panamá.
Además lo ratificaron los estados caribeños de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
Aunque Costa Rica no es parte del Acuerdo de Escazú, la vicepresidenta Epsy Campbell estará en el acto de lanzamiento pues el país coordina la Cepal actualmente (Presidencia)
COLABORÓ LA PERIODISTA PAULA RUIZ
