Acuerdo de Escazú destruye generación de empleo, afirma industria alimentaria nacional

La posibilidad de que organizaciones no gubernamentales (ONG’s) tengan peso en decisiones de impacto ambiental de nuevos proyectos de inversión o permitir denuncias de contaminación sin necesidad de respaldo técnico preocupa al sector productivo del país.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) manifestó su preocupación por los alcances que el Acuerdo de Escazú podría tener en la reactivación económica del país.

Por ello, urgió a la Asamblea Legislativa a no ratificar el convenio, uniéndose así a las críticas externadas por otros gremios como industriales y empresarios.

Precisamente, este jueves entró a regir con el respaldo de 12 países, entre los cuales no está Costa Rica. Este pacto regional, coimpulsado por el gobierno costarricense, busca fomentar la participación social en los casos ambientales que van a juicio. 

Reacciones del sector alimentario

“Para los empresarios de la industria alimentaria, el Acuerdo de Escazú se convierte en una avalancha de incertidumbre en uno de los peores momentos de la historia reciente del país.

“(El) efecto inmediato serán mayores riesgos, mayores costos y, por tanto, limitaciones para desarrollos generadores de empleos y bienestar social” insistió el vicepresidente Ejecutivo de la Cámara, Mario Montero.

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Para el portavoz, una de las principales preocupaciones es que las ONG’s y grupos activistas gozarán de un estatus internacional denominado “Defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales”.

Esto los habilitaría para tener injerencia en las decisiones de impacto sobre la llegada de nuevas empresas, afirmó.

Por otra parte, habilita la tramitación de denuncias ambientales sin necesidad de “de respaldo técnico o científico”, por lo que se podrían obstaculizar proyectos de desarrollo.

Estos dos factores combinados pueden ser aún más peligrosos para el país, advirtió Montero.

“Una actuación u omisión del Estado costarricense, que no satisfaga a un ‘Defensor de los Derechos Humanos en asuntos ambientales’, puede convertirse en un litigio internacional donde los órganos jurisdiccionales del país carecen de competencia. 

“Siendo que el tema terminaría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otros tribunales internacionales. En caso de controversias, Costa Rica estará sujeta a una autoridad internacional, que decidirá sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo sobre nuestro país”, añadió el representante.

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Más críticas

Precisamente, este miércoles, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) manifestó su desacuerdo con lo estipulado en el pacto ambiental. Entre los señalamientos destacan:

• Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.

• Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.

• Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.

• Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad de destaca la Constitución.

• Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.

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Presión

Mientras tanto, la presión política para su aprobación surge tanto desde a lo interno del país como desde el escenario internacional.

A nivel nacional, la diputada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, ha sido una de las caras más visibles a favor del Acuerdo. Para Vega es vergonzoso que el país no realice la ratificación pese a haber impulsado este plan.

“El acuerdo entra en vigor, lo que daña es la imagen del país en materia ambiental . Me preocupa que Costa Rica recibe dinero para esto y es poner en riesgo esta cooperación internacional”, aseguró.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un mensaje en el que aconseja al país a ratificar el convenio.

“Instamos a Costa Rica a unirse al Acuerdo de Escazú. Un convenio que protege el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región”, indicó la ONU.

El Acuerdo de Escazú es una herencia de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible en el 2012.

Tras esa cita, arrancaron las negociaciones lideradas por Costa Rica y Chile hasta la firma del Acuerdo final en 2018. La cita final se dio precisamente el 4 de marzo en esta ciudad costarricense, la cual le dio el nombre.