Manuel Sancho
La empresa Airbnb reaccionó a la aprobación del proyecto de ley, que busca regular ese tipo de plataformas. La semana pasada, el Plenario de la Asamblea Legislativa avaló en primer debate el proyecto de ley 20.865, para hospedaje no tradicional y su intermediación mediante plataformas digitales. Busca cambiar la forma en que se hacen los cobros y pagan impuestos empresas como Airbnb.
La compañía estadounidense defendió que el alojamiento de corto plazo, en el cual anfitriones ofrecen sus espacios personales, juega un papel “crucial” en la industria turística costarricense y en la economía en general. Según detalló Airbnb, los anfitriones recibieron a más de 524 mil huéspedes en el 2018.
“La Ley (…) en su versión actual, afectará este componente próspero de la economía turística de Costa Rica, que crea oportunidades en las comunidades costeras y las zonas rurales de todo el país”, reclamó Airbnb.
La empresa fundada en el 2008, justificó que se generarán pérdidas en todo el país, tanto en los anfitriones como en restaurantes y otros actores de la cadena turística.
El proyecto de ley establece una serie de derechos y obligaciones para usuarios, intermediarias y dueños de los lugares en alquiler. Los prestatarios tendrán entre sus obligaciones:
- inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo y la Dirección General de Tributación Directa
- contar con licencia municipal por la actividad de hospedaje no tradicional
- velar por la seguridad, la tranquilidad, la comodidad y la intimidad de las personas usuarias de los servicios.
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Temor por el impacto
Según Airbnb los anfitriones ya se comunicaron con temor del impacto de la eventual ley.
“Las voces de estos anfitriones locales no se han escuchado en la discusión del proyecto de ley. Los ticos, que son los más afectados en este proceso, no fueron invitados a compartir sus experiencias y preocupaciones”, exhortó Airbnb. Por eso pidió que el Instituto Costarricense de Turismo y las municipalidades incorporen su punto de vista, antes de que la Ley se vote definitivamente.
También cuestionó que no se invitara a audiencias en el Congreso, a las plataformas de alojamiento a corto plazo.
“La experiencia de cerrar acuerdos tributarios en 400 jurisdicciones a través del mundo se encuentra entre las prácticas de la industria; sin embargo, la legislación actual no proporciona condiciones adecuadas para estructurar un instrumento similar en Costa Rica”, afirmó la corporación con base en San Francisco.
Según Airbnb el proyecto de ley actual “no atiende las complejidades que resultan de las plataformas domiciliadas en el extranjero y las respectivas leyes de protección de datos que les aplican”.
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Manuel Sancho
