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Albino Vargas culpa a Presidente del Congreso por las huelgas

Carlos Ricardo Benavides tiene una especie de aversión patológica a que la democracia incluya a los sindicatos y el derecho…

Por Tomás Gómez

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Albino Vargas culpa a Presidente del Congreso por las huelgas
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Carlos Ricardo Benavides tiene una especie de aversión patológica a que la democracia incluya a los sindicatos y el derecho de huelga.

Ese es el diagnóstico que el sindicalista Albino Vargas hace sobre el presidente de la Asamblea Legislativa.

Ayer Benavides pidió la intervención de la Fiscalía en la huelga que sostienen los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Desafiante, Vargas dijo que Benavides “puede pedir lo que quiera, pero la gente se va a defender como corresponde en un Estado de Derecho”.

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El dirigente fue más allá y señaló al diputado como responsable directo de las manifestaciones de estos días. 

“Nada nos extraña que Carlos Ricardo Benavides instrumente  una coyuntura particular generada por el mismo: esto es producto del combo fiscal”, señaló. 

Tema añejo

En sus críticas contra el liberacionista, Vargas recriminó  también que durante el Gobierno de Laura Chinchilla – en el que Benavides era Ministro de la Presidencia – no se quiso regular el tema como parte de la Reforma Procesal Laboral.

“Cuando se discutía la Reforma Procesal Laboral el evitó incluir un capítulo de regulación de la huelga de servicios esenciales que hubiera quedado en la reforma y hoy no se estarían enfrentando los problemas que se están viviendo en la salud”, comentó Vargas. 

Nuevas reglas en el horizonte

Para este jueves, una comisión legislativa estaría dictaminando el proyecto “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. 

La iniciativa fue impulsada precisamente por Benavides y busca ampliar las regulación de las huelgas, introduciendo cambios como: 

  • poder notificar a los sindicatos electrónicamente
  • posibilidad de disolver sindicatos que bloqueen las vías públicas
  • prohibición de la huelga política
  • autorización al Estado para recuperar los salarios pagados durante las huelgas ilegales