Tomás Gómez
La negativa del Gobierno de suspender la restricción vehicular llevó al alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, a pedir que la medida se ejecute de manera forzosa.
El pedido se hizo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde se debate la vigencia de la medida que el Gobierno insiste en seguir aplicando.
Según el escrito del alcalde, las últimas consideraciones de los jueces dejan claro que la suspensión aplica de manera general.
Eso contraviene la interpretación del Gobierno y hace necesaria la ejecución judicial de la orden según el reclamo.
La negativa del Poder Ejecutivo a acatar la resolución, considera el alcalde, está generando un portillo para futuros rechazos.
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“Ante una resolución de la jurisdicción del príncipe que suspendan una actividad formal de la administración, ésta no puede so mención de argumentos subjetivos (y que tienen por génesis una falacia de autoridad) evitar el cumplimiento de la misma, pues esta situación sí permea, un grave peligro de dislocación normativa y por supuesto social,y además se constituye en un fatal precedente de cara a futuras resoluciones que el ejecutivo considere dañinas para los intereses de su hermenéutica puntual”, indica la carta.
Barahona cierra pidiendo que la orden judicial se dirija no solo al presidente Carlos Alvarado sino también a los ministros de Salud y Obras Públicas.
El Gobierno delegó la defensa de la restricción en el Ministro de Comunicación, Agustín Castro, quien ha reiterado la amenaza de las multas a quienes incumplan la restricción que según Casa Presidencial sigue vigente (Presidencia)
Restricción reclamada y sin sustento
El debate sobre la restricción se disparó en los últimos días luego de que la justicia fustigara varios decretos de su implementación.
Casa Presidencial insiste en que solo se suspedieron los decretos que normaron la restricción en agosto.
Los reclamantes y reconocidos expertos en Derecho desmienten esa posición y consideran que la sentencia implica una suspensión integral de la medida.
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A ello se suman las consideraciones técnicas de la restricción, que tampoco han sido justificadas.
Ante petición de la Defensoría, las autoridades expusieron el lunes que la restricción bajó los accidentes y generó más espacio en los hospitales, sin embargo no se pudo demostrar el impacto numérico en los contagios.
La misma pregunta se hizo este martes a la Comisión de Emergencias sin que haya claridad de las disposiciones.
