Redacción El Observador
La Contraloría General de la República sancionó al alcalde de San José, Johnny Araya, un mes sin goce de salario. Esto por pagos cuestionados a una empresa de parquímetros.
Esta es la segunda sanción en contra del liberacionista en seis meses. La primera comenzó a regir desde noviembre por el Caso Diamante.
Araya se reincorporó el 25 de mayo a la oficina en medio de una algarabía de sus colaboradores en la Municipalidad de San José.
El edil había pedido esperar para ejecutar la medida pues, según alegó, la medida que levantó la cautelar en el Caso Diamante fue apelada y su retorno no era definitivo.
No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó el alegato y determinó que el alcalde debe estar fuera del cargo por 30 días naturales. Esto tal como lo había pedido la Contraloría General de la República.
Andrei Cambronero, letrado del TSE, explicó que la medida quedó en firme el pasado 2 de junio y se hizo efectiva a partir de este lunes. La misma se extenderá hasta el 5 de julio inclusive.
Cambronero detalló además que contra Araya hay otra orden de suspensión de 25 días que aún no tiene fecha de ejecución.
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Los parquímetros de la discordia
En el 2018 la Municipalidad de San José pagó la millonaria indemnización a la empresa española Setex Aparki por ¢253 millones. Pero, según la Contraloría, el alcalde actuó “de manera negligente e imprudente” al permitir dicho pago.
La firma adujo que esperaba una ocupación de entre el 60% y el 70% en su servicio. Sin embargo, luego se actualizó al 13%. Ante ello la empresa exigió la indemnización por un supuesto desbalance en sus finanzas, medida que según la Contraloría carecía de fundamento técnico y legal.
También se investigaron las razones por las que el municipio incrementó la comisión que recibía la española por cada hora de parqueo pagada y un 5% por las multas. Esto pese a que se advirtió que hacer esto podría ser ruinoso para el municipio.
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El proceso fue elevado al ente contralor por el regidor Diego Miranda, de la Coalición Juntos.
Para él, “la contestación de Araya únicamente busca zafarse de dicha sanción”.
“Si el señor Araya se encuentra en funciones, lo lógico es que se apliquen los días que corresponden a la suspensión del cargo. En caso de darse un fallo positivo del juez sobre la apelación presentada por la fiscalía para las medidas cautelares de Diamante, el TSE puede cortar la suspensión y volver a retomar en caso de que volviera a sus funciones de forma permanente”, afirmó.
Johnny Araya defendió su gestión y aseguró que el pago se hizo incluso respetando los criterios de Contraloría (AFP)
Estrategia fallida de Araya
En marzo anterior El Observador había dado a conocer que Araya indicó originalmente al TSE que estaba purgando la suspensión del Caso Diamante y la sanción de la Contraloría al mismo tiempo.
Los magistrados rechazaron de plano esa posibilidad. “No podía ejecutar de manera simultánea una suspensión administrativa de la suspensión como medida cautelar, ordenada en sede judicial”, explicó Cambronero al respecto.
En esa línea fue que el TSE hizo la petición de ser notificado de la reincorporación de Araya. La idea era ejecutar la medida.
