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Alcaldes de Cartago y Osa serán representados por defensores públicos en caso Diamante

De los 13 sospechosos de la Operación Diamante, dos están siendo representados por el servicio de asesoría legal gratuita del…

Por Tomás Gómez

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Alcaldes de Cartago y Osa serán representados por defensores públicos en caso Diamante
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De los 13 sospechosos de la Operación Diamante, dos están siendo representados por el servicio de asesoría legal gratuita del Poder Judicial.

Se trata de los alcaldes Mario Redondo y Alberto Cole, de Cartago y Osa, respectivamente.

El resto de implicados, tanto alcaldes como funcionarios municipales y empleados privados optaron por defensores particulares que cada uno deberá costear.

La Defensa Pública, una dependencia adscrita al Poder Judicial. En ella se da asesoría y representación en los temas penales y ejecución de la pena.

Con el paso de los años, además, se han sumado servicios para materia laboral, pensiones alimentarias, familia, contencioso administrativo, agrario, disciplinario, contravenciones y tránsito, así como atención de población indígena.

Según la Constitución Política en su artículo 39, en todo proceso penal las personas tienen derecho a ejercer su defensa.

La Convención Americana de Derechos Humanos agrega en su artículo 8 que contar con un defensor es esencial para el proceso. También que hay derecho a tener uno patrocinado por el Estado en caso de tener un abogado particular.

Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley

PACTO DE SAN JOSÉ
La Defensa Pública destinó a sus funcionarios del II Circuito Judicial para atender a los investigados del Caso Cochinilla que así lo solicitaron (Archivo/El Observador)

Alcaldes conocerán su suerte el viernes por la noche

La Operación Diamante se ejecutó el lunes por la mañana, con una serie de allanamientos en municipalidades, casas y oficinas particulares.

Seis alcaldes en total quedaron detenidos. A ellos se suman cinco funcionarios municipales y dos empleados de empresas privadas.

La Fiscalía declinó de pedir prisión preventiva para los políticos, por lo que todos fueron liberados el miércoles. Sin embargo, la cita prosiguió este jueves para ver otras posibles medidas en su contra.

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Primordialmente, la Fiscalía está pidiendo que los suspendan por 8 meses del cargo. Además, que les quiten en pasaporte.

La jueza convocó para el viernes a las 4:00 pm a una sesión donde dictará su veredicto de manera oral.

La audiencia de la Operación Diamante se desarrolla desde el martes anterior (Tomás Gómez/El Observador)