Paula Ruiz
La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó este viernes el dictamen del proyecto 20.437 llamado Ley Contra la Participación de Servidores Públicos en Paraísos Fiscales.
El objetivo se centra en altos mandos del sector público de Costa Rica, a quienes les quedaría prohibido tener negocios en paraísos fiscales.
Un paraíso fiscal es un territorio donde existe un régimen tributario de impuestos bajos o nulos que atrae residentes y capital extranjero.
“Es un proyecto importante en materia de combate a corrupción y dar una señal positiva a la ciudadanía en materia de cumplimiento de sus obligaciones por parte de personas que ocupan altos cargos en el sector público”, dijo Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio.
Los votos en contra a este dictamen vinieron de Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, y José Pablo Sibaja, diputado de Nueva República.
Feinzaig argumentó que esto obliga a los ciudadanos a defenderse de posibles cuestionamientos innecesarios que podrían caer en una criminalización de algo que no lo es.
“Me mantendré opuesto a la persecución innecesaria a personas que no hicieron nada incorrecto. Más en este país que, con la mora judicial, el castigo es el titular en la prensa y no la cárcel 15 años después que nunca llega”, justificó.
Por su parte, Sibaja señaló que puede ser un portillo delicado para que “un funcionario malintencionado” relacione inversiones realizadas por empresas, con esta falta.
“Indirectamente, todos tenemos inversiones, por ejemplo, todos cotizamos al ROP y en operadora de pensiones y yo no sabía que la Caja invertía mi dinero en Grupo Nación y subsidiarias.
“Yo no sabía… a mi me debitan y listo. Creo que es un portillo que algún funcionario puede decir que usted no sabía pero esta empresa en la que usted cotiza, invirtió en otra que está en un paraíso fiscal y usted es dueño de eso”, destacó.
La iniciativa fue enviada a consulta al Ministerio de Hacienda, Uccaep, Procuraduría General de la República y Contraloría General de la República.
Listas de beneficiarios de amnistías
Por otra parte, la Comisión también dictaminó afirmativamente una moción que obliga al Ministerio de Hacienda a hacer públicas las listas de beneficiarios de amnistías y condonaciones tributarias.
Este proyecto se presentó en diciembre de 2018 después de la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).
Su promotor, el exdiputado José María Villalta, presentó el plan luego de solicitar a Hacienda sin éxito la lista de personas beneficiadas con amnistías relacionadas con la Ley 9635.
Esto implicó que el excongresista recurriera a la Sala Constitucional, instancia que obligó a la cartera a publicar las listas.
Ambos proyectos ahora pasan a Plenario donde podrán presentarse mociones y, al finalizar esta etapa, se someterían a votación final.
El diputado José Pablo Sibaja de Nueva República votó en contra del proyecto 20.437 al argumentar que podría abrir portillos. Cortesía Asamblea Legislativa.
