Tomás Gómez
En su primera aparición tras el escándalo de las pruebas FARO, el presidente Carlos Alvarado salió en defensa de dichos exámenes y alegó que los polémicos cuestionarios de datos personales y socioeconómicos aplicados a los niños fueron “un error” que no debe dañar el proyecto como un todo.
“Una parte que ayuda es ver las pruebas académicas FARO y por otra el cuestionario. El tema en cuestion y el tema que tiene el error es este cuestionario de factores asociados”, dijo.
“Yo lo que no quisiera es que por este tema que tiene un error perdamos de vista que las pruebas académicas lo que vienen a hacer es un cambio para ayudar a nuestra educación”, sostuvo.
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Alvarado insistió en que las pruebas FARO, impulsadas por su exministro Édgar Mora, son mejores que el modelo anterior de Bachillerato, que según él generó un millón de rezagados durante sus años de aplicación.
No sabía de cuestionarios, pero fueron un “error”
Tal y como la exministra Guiselle Cruz y el Consejo Superior de Educación, el presidente alegó que él tampoco sabía de las polémicas preguntas que estarían en el cuestionario.
“”¡Imagínese que el presidente revise las pruebas FARO, ahí si que dicen que está ideologizado y politizado y Dios guarde!”, dijo este miércoles en sus primeras declaraciones tras el escándalo.
Según dijo, aplicar tests de ese tipo “no es una práctica ajena” en pruebas internacionales, pero fue un “error” el modelo que se aplicó a los niños.
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“Ahí es donde radica el error que es severo, que nos duele porque involucraba menores y de ahí que se toman las acciones correctivas”, sostuvo.
“Es absolutamente improcedente y es doloroso, estamos hablando de menores”, destacó.
Él agregó que ya hay investigaciones abiertas en el MEP y el PANI con las que esperan determinar cómo se llegó a aplicar los formularios.
Las familias alegaron que los niños tardaron hasta cuatro horas en culminar los polémicos formularios (Cortesía MEP)
Gobierno cambió su discurso
La semana anterior se aplicaron las pruebas FARO de español, matemática y ciencias, así como los polémicos cuestionarios con más de 600 preguntas.
Las redes sociales comenzaron a dar cuenta desde el viernes por la tarde de la molestia de los padres de familia.
Ese día en horas de la noche el MEP publicó un pronunciamiento de la viceministra, Melania Brenes, en el que se insistía en las bondades de la prueba.
Ella aseguró que los datos se cruzarían con las notas y culpó a la pandemia por el atraso de los niños al completar las pruebas.
Veinticuatro horas después y con una creciente ola de críticas le tocó el turno de dar la cara a la ministra Guiselle Cruz.
En su alocución anunció que la entidad procedía a eliminar las pruebas por problemas en las mismas.
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“Hubo un error en su elaboración, pues se obvió que una prueba tan larga era inadecuada para ser aplicada a niños y niñas de 11 ó 12 años. Y que algunas preguntas no se formularon adecuada ni oportunamente”, dijo.
Por este hecho terminaron renunciando la Ministra Cruz, la Viceministra Brenes y el Director de Gestión y Evaluación de la Calidad, Pablo Mena, como cabeza del proyecto.
El tema escaló a la vía judicial y se emitió una medida cautelar que impide destruir las pruebas como pretendía el Gobierno originalmente.
