Hermes Solano
La Comisión que analiza la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses deberá rendir su informe al Plenario en la segunda semana de julio; es decir, la primera tras el regreso a las labores luego de las vacaciones.
Uno de los temas que surgió en las audiencias es el de ampliar la cantidad de delitos por los que se permitiría enviar a nacionales a las jurisdicciones internacionales.
Lo mencionó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, también un representante del Ministerio Público y fue una recomendación de un experto colombiano que estuvo esta semana en comparecencia ante los diputados.
La reforma al artículo 32 de la Constitución Política se limitó a narcotráfico y terrorismo como las causales para solicitar el envío de un ciudadano nacional.
“A mí me intereso de lo que dijo el fiscal colombiano el tema de que no sea solo narcotráfico y terrorismo, sino los delitos conexos, como el blanqueo de capitales o la asociación ilícita”, señaló Eli Feinzaig, del PLP.
“Explicaba -el experto colombiano- que países como Estados Unidos basan su acusación en la asociación ilícita para delinquir en narcotráfico o terrorismo y si no tenemos la posibilidad de extraditar por ese delito podría fracasar la gestión de ellos”, añadió.
Sin embargo, el propio Feinzaig también recordó el criterio del exmagistrado Carlos Arguedas, quien consideró que había que ser muy claros en el texto y hasta restrictivos, para pasar el filtro de la Sala Constitucional.
“Algunos expertos, como don Carlos Arguedas, dijo que mientras más la restrinjan menos oposición se va a encontrar en la Sala Cuarta, entonces hay que buscar un equilibrio”, dijo el liberal.
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Ser prudentes
En la misma línea se pronunció Paulina Ramírez el PLN y miembro de la comisión, pensando en lo que podría decidir la Sala Constitucional al respecto del proyecto.
“Hay que ser prudentes y tratar de que lo que se apruebe pase la Sala y mientras más amplia sea, más riesgos se corre”, indicó, dejando en claro que estaría a favor de ampliar la lista de delitos, pero sabiendo que no se caería en la consulta facultativa.
“No me parece mal incluirlo, pero hay que analizar qué tan prudente sea con el fin de que en la Sala no lo rechacen”, añadió.
El presidente del órgano legislativo, Óscar Izquierdo, había dicho días atrás que sería peligroso ampliar los delitos y que su posición sería la de mantener solamente el narcotráfico y terrorismo.
Todo eso lo deberán definir en el informe que deben tener listo en la semana del 8 al 12 de julio.
Este miércoles la comisión iba a recibir en audiencia virtual a la exjueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio; sin embargo, hubo problemas técnicos, por lo que no se pudo llevar a cabo la audiencia.
Ante esto, la comisión aprobó una moción para que Odio pueda darles el criterio de manera escrito y poder tomarlo en cuenta para la decisión final.
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Paulina Ramírez dice que hay que ser prudente. (Foto Archivo/El Observador)
Sí y no
La reforma fue presentada por el Poder Ejecutivo e impulsada por la fracción oficialista. La jefa de esta bancada, Pilar Cisneros está de acuerdo con que se amplíe la lista de delitos, pero sin que eso signifique que se venga abajo todo el proyecto.
“Creo que es conveniente, pero quiero empezar por el principio; es decir, si eso va a ser obstáculo para que pase, no, porque lo que urge es narcotráfico y terrorismo”, dijo la diputada.
Asegura que debe haber un consenso entre los diputados del órgano legislativo para así poder dar ese paso, pero sí no, se debe de buscar la aprobación por los delitos inicialmente contemplados.
“Si veo que hay consenso y la mayoría de los diputados está de acuerdo, ampliarlo sería genial, pero por ahora empecemos por el principio”, mencionó para finalizar.
