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Anfitriones critican proyecto de ley para regular Airbnb: “nos está dando un tiro en la cabeza”

El presidente de la Asociación de Consumidores Libres, Juan Ricardo Fernández – junto a tres anfitriones de Airbnb en el…

Por Paula Umaña

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Anfitriones critican proyecto de ley para regular Airbnb: “nos está dando un tiro en la cabeza”
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El presidente de la Asociación de Consumidores Libres, Juan Ricardo Fernández – junto a tres anfitriones de Airbnb en el país pero ningún representante de la empresa estadounidense – mostraron su rechazo al proyecto que pretende regular hospedajes no tradicionales.

La iniciativa se tramita bajo el expediente 20.865 y fue aprobado en primer debate el pasado 29 de agosto. Es impulsada por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca.

Según Fernández el proyecto perjudica a los anfitriones al generar más burocracia. Estas personas alquilan sus espacios personales como hospedajes por medio de aplicaciones tecnológicas como Airbnb. Son los sistemas que la nueva ley vendría a regular.

“Una de las prioridades que debe tener el Gobierno es la reactivación económica. Pero vemos proyectos como este que regula mas la economía y pone más trabas al emprendimiento”, dijo Fernández.

Además aseguró que el proyecto viola la libertad económica de los costarricenses para generar ingresos adicionales, y que es complaciente con el sector hotelero tradicional.

El proyecto de ley establece una serie de derechos y obligaciones para usuarios, intermediarias y dueños de los lugares en alquiler. Los prestatarios tendrán entre sus obligaciones:

  • inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo y la Dirección General de Tributación Directa
  • contar con licencia municipal por la actividad de hospedaje no tradicional
  • velar por la seguridad, la tranquilidad, la comodidad y la intimidad de las personas usuarias de los servicios.

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Anfitriones molestos

En conferencia de prensa este jueves, los anfitriones Wualdino Gabb y Jenny Haumphreys criticaron el proyecto de ley. Ambas mantienen un hospedaje en la zona de Talamanca.

“Esta ley en vez de animar y ayudar a los emprendedores, mas bien nos está dando un tiro en la cabeza”, manifestó Gabb.

También estuvo presente Joaquín Jiménez, quien hospeda en Zarcero; y Jonathan Taylor, quien tienen su propio servicio y además colabora como intermediario.

Ambos aseguraron que una de las trabas del proyecto es la inscripción al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Además cuestionaron la capacidad de la institución para la supervisión de estos hospedajes.

Según la iniciativa, el ICT estará encargado de crear un registro digital y público de las empresas comercializadoras o intermediarias. La entidad se encargará de remitir periódicamente la información del registro a Tributación para tener el control necesario de las compañías.

“La ley va a perjudicar seriamente estos emprendimientos y va a desarticular las economías colaborativas”, aseguró Jiménez.

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¿Malestar por pagar impuestos?

Tanto Fernández como los anfitriones, aseguraron que su descontento no se dirige al pago de impuestos.

“Con el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se habló que los servicios transfronterizos iban a tener que pagar el IVA. Todos están dispuestos a pagar los impuestos”, aseguró Fernández.

No obstante afirmó que están a la espera del reglamento que defina cómo se realizará el pago del tributo. Los anfitriones reclamaron que no se les tomó en cuenta para la confección del proyecto; y piden que la iniciativa sea devuelta a la comisión dictaminadora.

Ausencia de Airbnb

En la conferencia de prensa no participaron representantes de la empresa Airbnb. La transnacional solo emitió un comunicado de prensa esta semana.

“La Ley (…) en su versión actual, afectará este componente próspero de la economía turística de Costa Rica, que crea oportunidades en las comunidades costeras y las zonas rurales de todo el país”, reclamó la empresa.

La empresa indicó que el proyecto no atiende las complejidades que resultan de las plataformas domiciliadas en el extranjero y las respectivas leyes de protección de datos que les aplican.