Tomás Gómez
La fracción de Liberación Nacional (PLN) será clave para determinar si Costa Rica se suma o no al polémico Acuerdo de Escazú. Mientras sus diputados terminan de definir su posición, desde afuera los líderes del partido advierten sobre las consecuencias que tendrá esa decisión.
Uno de ellos es el exdiputado y excandidato presidencial, Antonio Álvarez, quien fue enfático al señalar que hay de por medio efectos económicos, jurídicos y hasta políticos.
Según su criterio, “en las condiciones actuales la fracción de Liberación Nacional no debería votar la ratificación”.
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“Políticamente va a ser aprovechado por terceros en plena campaña electoral para reafirmar que hay una alianza entre el PLN y el PAC, que al día de hoy serían los únicos partidos que lo estarían aprobando”, explicó este lunes en entrevista con El Observador.
“Esa perspectiva es totalmente inconveniente para el liberacionismo”, agregó.
Pánico en las empresas y la inversión extranjera
En su rol de empresario y de abogado, Álvarez enlistó diversas preocupaciones que sigue generando el Acuerdo de Escazú.
Según él, tanto a nivel interno como de inversionistas extranjeros hay un clima de “de preocupación y prácticamente de terror”, absolutamente contrario a la reactivación económica.
“Si algo debemos de promover producto de la situación tan crítica es dar confianza y dar tranquilidad al empresariado. El Acuerdo lo menos que está haciendo es eso”, citó.
Álvarez fue especialmente crítico con la inversión de la carga de la prueba que hace el texto. Además, retomó que ya hubo advertencias por parte de la Sala Constitucional sobre esos portillos.
La materia ya había sido advertida por la magistrada Nancy Hernández en el voto 2020-6134 de marzo del 2020. En dicha sentencia la Sala IV anuló la aprobación en primer debate del Acuerdo de Escazú; esto por errores en el procedimiento que no dieron publicidad al proceso.
Según escribió la jurista en la resolución: “Es indiscutible que, en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso”.
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Sobre los supuestos argumentos de que ya hay regulaciones similares en la Ley de Biodiversidad, Álvarez explicó como esas irregularidades ya pueden corregirse. Tal capacidad se perdería con un tratado internacional.
“Esta es una interpretación truculenta y además que pretende tomar por ingenuos a los que nos oponemos. Si bien la Ley de Biodiversidad puede tener una disposición parecida la realidad es que esa ley la puede modificar la Asamblea Legislativa cuando lo tenga a bien, mientras que si se incorpora con el Acuerdo ya no podría ser modificada por los legisladores costarricenses”, manifestó.
Antonio Álvarez adelantó que el Acuerdo de Escazú impactaría todas las actividades que tienen que ver con naturaleza, que van desde la construcción hasta la agricultura (AFP)
Escazú no admite parches
Existe en el mundo jurídico la posibilidad de que los Estados que firman tratados internacionales pongan reservas sobre la manera en que interpretarán los textos.
El Acuerdo de Escazú, sin embargo, frena esa posibilidad. Según su artículo 23 están prohibidas las reservas de todo tipo.
Así, aunque los diputados impongan cláusulas de interpretación, estas podrían anularse mediante juicios internacionales.
“Esa interpretación que haga el Congreso de Costa Rica, constituye en el fondo, una reserva. Yo no quisiera que esa discusión después tenga que llegar a cortes internacionales y vayan a decir que la reserva no es válida”, detalló Álvarez.
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El político llamó también a diferenciar el peso que tienen los convenios internacionales en otros países frente al peso que les da Costa Rica, definiéndolos como una “camisa de fuerza”.
“Hay otros países donde el cumplimiento de las normas es mucho más discrecional. Pueden aprobar un tratado y mañana se lo brincan. En Costa Rica no es posible, los tratados y las leyes son para cumplirse”, destacó.
A diferencia de varios dirigentes del partido, la fracción del PLN no da aún una postura clara sobre cómo votará el Acuerdo de Escazú (Archivo)
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El Acuerdo de Escazú tiene una particularidad. Tanto Costa Rica como Chile, sus principales impulsores, siguen fuera del mismo.
La norma fue suscrita por 24 países en el 2018. Tras la ratificación legislativa en 12 de ellos, el Acuerdo entró a regir a finales de abril.
En el Acuerdo están Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Uruguay y México y por América Central aparecen Nicaragua y Panamá. Además, lo ratificaron los estados caribeños de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
Para el caso tico, el Acuerdo fue aprobado por unanimidad en febrero del 2020. El proceso se cayó en la Sala IV forzando a repetir la votación.
El texto ha entrado y salido de la corriente legislativa pero su Informe Anual de Labores el presidente Carlos Alvarado le dio su bendición.
“El Acuerdo de Escazú lleva ese nombre como reflejo del liderazgo del país en la materia. Un acuerdo que refuerza el acceso público a la información ambiental, a la participación y al acceso de justicia en asuntos ambientales. Y no debe ser sujeto de miedos, cálculos o excusas para nadie”, dijo el mandatario.
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La responsabilidad está ahora en manos de los diputados. A partes casi iguales, el partido va empatado entre quienes lo apoyan (PAC, Frente Amplio) y los adversarios (PUSC, Nueva República).
En ese escenario, los 17 votos de Liberación Nacional son esenciales para inclinar la balanza, pero de momento no hay claridad.
La jefa de fracción, María José Corrales, explicó la semana pasada, que la idea es fijar una línea partidaria en los próximos días. Con ella coincidieron diferentes miembros de esa bancada quienes dijeron estar a la espera de la línea que definirán.
El Gobierno de Carlos Alvarado ha convocado y desconvocado en diversas ocaciones el cuestionado Acuerdo de Escazú (Foto Asamblea Legislativa)
Empresarios claros: Escazú es inconstitucional
En las últimas semanas es amplia la lista de sectores productivos que han señalado los portillos abiertos por el Acuerdo de Escazú.
Tras calificar la normativa de “inconstitucional”, la Unión de Cámaras (Uccaep) sintetizó sus falencias en 5 puntos:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad que destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.
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Los gremios de industria, alimentación, turismo, construcción, ganadería y exportación también advirtieron sobre los efectos negativos que tendría la normativa.
Incluso la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) advirtió que el Acuerdo podría desalentar las inversiones estadounidenses, claves en la economía nacional.
El Poder Judicial también rechaza el Acuerdo de Escazú pues no hay recursos para las nuevas responsabilidades que le impone (Alonso Solano/ El Observador)
