Tras un allanamiento de más de seis horas en su oficina, la diputada restauracionista Floria Segreda dijo estar siendo víctima de una venganza personal, por una demanda que interpuso tiempo atrás.
“Yo acusé a unas personas por estafa y esos son los que me están acusando de algo tipo cortina de humo, porque no hay elementos de prueba de nada. Creo que esto ya se volvió una cuestión de ellos contra mí”, sostuvo.
“Aquí la víctima soy yo porque este tipo lo que ha hecho es mentir, para que lleguen ahora a allanar algo que en realidad ni encuentran nada, porque no hay nada”, concluyó.
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Allanamiento en el Congreso
El litigio iniciado por Segreda concluyó en una condenatoria en costas en su contra. Para hacerla efectiva, el Poder Judicial solicitó al Congreso un embargo salarial a la diputada, primero por ¢26 millones en febrero y luego por ¢12 millones en marzo.
Según el Ministerio Público, Segreda habría pedido que no se le aplicara la medida. El acto habría constituido en el delito de tráfico de influencias.
Por ese hecho, la fiscal General, Emilia Navas, allanó el despacho de la congresista esta mañana, en una diligencia que tardó más de seis horas.
Más gestiones
Como parte del mismo expediente, este martes las autoridades judiciales también allanaron la Dirección Financiera de la Asamblea Legislativa.
En las oficinas, localizadas en Los Yoses, se realizaron pesquisas similares. La Fiscal Navas dijo que se referirían al caso una vez finalizadas todas las actividades programadas.
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