Paulo Villalobos
La investigación penal por la supuesta toma de las salas de cirugía del Hospital San Juan de Dios durante la huelga contra la reforma al sistema tributario acabó desestimada.
Así lo resolvió el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José el 22 de noviembre de 2018, ante una solicitud del Ministerio Público.
Este último órgano investigó una aparente usurpación de bienes de dominio público el 27 de setiembre de 2018. Ese día, unas 40 personas, entre las cuales se observó algunas con signos externos de sindicatos, se reunió en el acceso al área de quirófanos.
Según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esa obstrucción impidió la realización de nueve cirugías.
La pesquisa se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya.
No configura delito
La Fiscalía del I Circuito Judicial de San José investigó la toma por poco más de un mes, antes de presentar una solicitud de desestimación.
Ello al argumentar una atipicidad, lo que quiere decir que los hechos denunciados no constituyen delito.
A lo largo de la pesquisa, la misma se hizo contra ignorado; es decir, sin que se individualizaran sujetos en la causa 18-000710-0619-PE.
La petición del órgano acusador la avaló el Juzgado Penal de San José, por lo que el caso permanece archivado desde el 22 de noviembre de 2018, tal y como lo confirmó a El Observador la Corte Suprema de Justicia.
Sin consecuencias internas
El día de los hechos, el gerente general de la Caja de Seguro Social, Roberto Cervantes, convocó a una conferencia de prensa en la que leyó parte de un acta notarial que él mismo solicitó, después de que fuera informado de lo sucedido por la directora del hospital, Ileana Balmaceda.
Dicho documento, así como un video de seguridad de más de cuatro horas, quedó en manos de la Dirección Jurídica de la institución.
Para ese momento se esperaba que los mismos sirvieran de prueba tanto en procesos penales como administrativos.
Sin embargo, ante consulta de este medio, el departamento de comunicaciones de la Caja indicó que no se encontró mérito para sancionar a nivel interno a los funcionarios involucrados.
La entidad de la seguridad social abrió una pesquisa preliminar que estuvo a cargo de las doctoras Ana Laura Mena y Hellen Hernández.
Ambas concluyeron que “la investigación no arrojó –para la comisión conformada– razones para el inicio de un procedimiento administrativo”.
Lo anterior consta en el oficio DG-2015-2019, recibido el 8 de julio de 2019 por la Presidencia Ejecutiva.
Ahora, el órgano instructor del caso puede apartarse de las conclusiones de Mena y Hernández, en caso de considerarlo oportuno.
Paulo Villalobos
