Paula Ruiz
El proyecto que pretendía obligar a rendir cuentas a quienes administran pensiones alimentarias se archivó este jueves en el Congreso.
La iniciativa buscaba que, en aquellos casos donde el padre o la madre brinda una pensión mensual para la manutención de su hijo, este o esta tuviera el derecho de saber cómo se utilizan los recursos.
Sin embargo, la votación para el avance del proyecto acumuló cuatro diputados en contra. El trámite pretendía dictaminar el proyecto en la la Comisión de Juventud.
“No es posible que por posiciones políticas y no técnicas se desvirtúe un proyecto de ley de
esta naturaleza. Quisieron teñirlo como un proyecto de género utilizado como un ataque en
contra de las mujeres y esa posición no es de recibo”, defendió el proponente Harllan Hoepelman.
“Buscaba proteger al menor de edad así como su alimentación”, insistió el legislador.
El dinero entonces no es de la mamá o el papá, sino exclusivo del menor de edad, según el congresista.
La iniciativa fue impulsada por el independiente Harllan Hoepelman.
Violencia patrimonial
El proyecto contaba con el visto bueno del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pero con la oposición del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Esta última institución aseguró que dicha petición de rendición de cuentas se convertiría en violencia patrimonial.
“Es necesario que las medidas que se adopten no vayan en detrimento de los
derechos de las mujeres y generen mayor sobrecarga o violencia patrimonial”, opinó el Inamu según consta en un pronunciamiento oficial.
En contraparte, Hopelman consideró que la violencia patrimonial se constituiría en caso de que la rendición de cuentas fuera por el dinero propio de quien administra la pensión alimentaria.
“Proponemos al Inamu que complemente este proyecto de ley, generando un taller para capacitar a las familias para mejorar su capacidad de administrar los recursos necesarios para el desarrollo del menor”, indicó el diputado.
En el país hay 189.927 expedientes por pensiones alimentarias activos con un promedio de desembolso de ¢102.671, según datos del Observatorio de Género del Poder Judicial.
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