Krissia Morris Gray
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) hará una auditoría financiera a toda la gestión de proyectos desarrollada entre el 2016 al 2020, del servicio de acueductos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Esto es debido a que el AyA no presentó información sobre las inversiones, estructura de costos y gastos en proyectos desarrollados durante esos 5 años.
En octubre anterior, la Aresep activó de oficio, un estudio tarifario y solicitó información, la cual fue remitida de manera incompleta.
Por ello, la entidad reguladora archivó la gestión, por lo que las tarifas actuales se mantienen.
Al respecto, Marco Cordero, intendente de Agua de Aresep sostuvo que la ausencia total o parcial de la información solicitada al AyA, específicamente en materia de inversiones, atenta contra la prestación óptima y continuidad del servicio de acueducto.
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Sin información en…
En este sentido, se verificará procedimiento seguido la entidad para capitalizar esas inversiones, la determinación del gasto por depreciación, revaluación del activo, plazos de vida útil y otra documentación que valida la inversión, entre otros.
De acuerdo a la Aresep, los aspectos detectados durante el proceso del estudio tarifario, la información del AyA presentó las siguientes deficiencias:
- No se justificó ni se dio trazabilidad a los proyectos de inversión que realizó el AyA durante los últimos 5 años
- Tampoco capitalizó el 54,7% de los recursos aprobados vía tarifa para proyectos de inversión para el periodo 2019 (14 560 millones), además de que no aportó la debida justificación o su aplazamiento para periodos subsiguientes
- No presentó las justificaciones técnicas que permitan respaldar las variaciones significativas entre los montos proyectados de las inversiones y el monto real ejecutado
Demostrar desorden
Codero manifestó que anteriormente Aresep investigó proyectos particulares, pero que es la primera vez, ante la imposibilidad de disponer de la información de los proyectos realizados desde el 2016-2020, “es que se aprueba la fiscalización de toda la gestión que realiza AyA en definir los proyectos, los montos, plazos y capitalización”.
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“Esta nueva fiscalización nos va a permitir demostrar el desorden que tiene AyA con el manejo de las inversiones y que a lo interno no disponen de un mecanismo o proceso para el manejo de información”, afirmó Cordero.
A esto sumó que “asociado a lo señalado antes de que se están capitalizando proyectos contablemente pero que no están tarifariamente, lo cual tiene un impacto financiero sobre la institución, pero más aún sobre el usuario ya que les resta capacidad de reacción ante las necesidades del servicio”.
Continuidad en riesgo
Además de lo anterior, el AyA tampoco presentó las justificaciones técnicas que respalden las diferencias significativas entre los montos proyectados de las inversiones y el gasto real ejecutado.
Por otro lado, el AyA sólo justificó 12 de las 909 cuentas que comprenden su estructura de costos y gastos del servicio de acueducto.
Tampoco justificó las plazas nuevas y su incidencia en el servicio de interés y muchos de los documentos que aportó para validar el comportamiento de los costos y gastos en el tiempo.
“De continuar la situación descrita representa un riesgo muy alto para la continuidad del servicio y la atención de nuevas inversiones en el mediano plazo, dado que esas inversiones realizadas en los últimos cinco años no han sido capitalizadas vía tarifa”.
“Significando una carga financiera excesiva por el alto costo de la deuda y la demanda de flujos para el repago de la obligación, y que de continuar con esta práctica le restará capacidad de gestión de nuevas inversiones para atender la gran cantidad de problemas de infraestructura que aquejan al servicio que prestan”, agregó Cordero.
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El Observador tramitó una serie de consultas sobre el tema a la oficina de prensa del AyA, pero a la hora de cierre de la nota no hubo respuesta.
Krissia Morris Gray
