La regulación del cabildeo por fin encontró respaldo en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó de manera positiva el proyecto de Ley Reguladora de las Actividades de Lobby en la Administración Pública.
En los últimos cinco años, al menos cuatro iniciativas intentaron normar la práctica. Ahora está listo para llegar al Plenario.
El plan seleccionado fue el 21.346, impulsado por la socialcristiana María Inés Solís.
“La propuesta busca en general hacer más transparentes los encuentros y reuniones que tenemos los funcionarios públicos con las personas que solicitan una audiencia y que tienen como finalidad promover los intereses que representan e influir de alguna forma, en la toma de decisiones acerca de políticas públicas o de cualquier otro asunto de interés”, mencionó Solís.
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Profesión: lobista
Quienes se dedican al impulso de intereses dentro de la Administración Pública deberán ahora registrarse ante la Procuraduría de la Ética Pública.
Se generará un registro de lobistas, donde constarán sus datos y el grupo o empresa al que representan en casos de negociación y preparación de actos administrativos, acuerdos y contratos.
Como medida adicional, se prohibiría el ejercicio de la actividad ante aquellos funcionarios con quienes se tenga familiaridad consanguínea o afectiva hasta en tercer grado.
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Nuevas reglas para los altos funcionarios
Las regulaciones llegarían también a los funcionarios de alto nivel, quienes deberán transformar la manera en que gestionan sus agendas.
Según el texto dictaminado, se deberán llevar registros de:
- reuniones: deberá publicarse la lista de encuentros de los jerarcas, incluyendo los temas tratados y las personas presentes en cada una
- viajes: deberá constar el destino, el objeto de las salidas, el costo y los patrocinadores de cada recorrido
- regalos: detallar el contenido de cada obsequio, así como su procedencia
Estarían sometidos a este sistema el Presidente de la República, ministros, presidentes ejecutivos, diputados y magistrados, entre otros.
En caso de incumplir las disposiciones, cabrían multas de entre dos y 10 salarios base.