Paula Ruiz
La Asamblea Legislativa dejó en firme este lunes el proyecto de ley que contiene los recursos del Presupuesto Ordinario para el 2023 por ¢12,3 billones.
Este monto incluye los tres poderes de la República, además de instituciones públicas como la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
De acuerdo con Rodrigo Arias, este plan de gastos implica un aumento de 6,5% en comparación con este año.
“Este plan de gastos lo aprobaron 38 congresistas y en contra votaron 13 legisladores. Desde esta Presidencia reitero mi compromiso con el bienestar de las y los costarricenses, mediante el diálogo persistente que nos conduzca a la consolidación de grandes acuerdos”, dijo a través de sus redes sociales.
Los 13 votos en contra los sumó la bancada oficialista junto al Partido Liberal Progresista (PLP) quienes negaron su respaldo al recorte efectuado en la Comisión de Asuntos Hacendarios por ¢81.000 millones para el servicio de la deuda.
En cambio, esa rebaja fue redistribuida en otras partidas como ¢26.000 millones para la CCSS, se suman ¢6.393 millones dirigidos al Poder Judicial para partidas como tiempo extraordinario, pago de alquiler de edificios, entre otros.
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Asimismo, aprobaron una moción por ¢1.024 millones para el pago del alquiler del edificio de la Asamblea Legislativa, ¢500 millones para el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) e igual monto para mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales 146 y 723.
También, se aplicó una reducción de ¢463 millones para el servicio de la deuda con tal de ser utilizado en programas de Cultura, entre otras partidas para diversas entidades.
Motivaciones
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se discutió en primera instancia este plan de gastos, celebró la aprobación en segundo debate esta iniciativa.
Ramírez reconoció que lo aprobado contiene las modificaciones presupuestarias las cuales fueron motivadas por las declaraciones de los ministro de Gobierno en la comisión legislativa.
Esto, por cuanto señalaron la ausencia de recursos para partidas vitales así como la ausencia de consultas por parte del Ministerio de Hacienda sobre donde aplicar recortes presupuestarios.
“Contiene principalmente algunas modificaciones en el presupuesto donde se trasladaron de una partida a otra, recursos para poder financiar temas de importancia en el sector social y que impactaban principalmente a sectores más vulnerables y de algunas instituciones que se estaban quedando sin financiamiento”, especificó.
Asimismo, apuntó a que el plan de gastos contiene normas presupuestarias que permiten la contención del gasto, la disciplina fiscal y el saneamiento de las finanzas públicas.
“Se buscó que fuera equilibrado entre lo fiscal y los social”, declaró Ramírez.
En esta misma línea, el neorepublicano José Pablo Sibaja destacó la importancia de haber retribuido montos a entidades para aspectos sociales.
“Me refiero a que logramos girar recursos a instituciones que les habían sido quitados y que eran vitales para su funcionamiento”, señaló.
Por su parte, Eli Feinzaig del PLP señaló que están en desacuerdo con esa redistribución, razón que los llevó a votar en contra el plan de gastos.
“Nos parece que es una movida arriesgada en un tiempo como el actual donde las tasas de interés han crecido muchísimo y van a seguir creciendo todavía por un tiempo más y por lo tanto, es arriesgado haberle quitado ese dinero a la partida del pago de intereses”, explicó.
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