Tomás Gómez
Con supuestos pagos de por medio abogados particulares aceleraban los procesos judiciales de expropiación. Esto en una operación en la que, incluso, estaba vinculado un procurador de la República.
Tras investigar el caso, la Fiscalía Anticorrupción desarrolló este miércoles una serie de allanamientos en el Valle Central. Se incluyeron casas particulares, un bufete y hasta la Procuraduría General de la República.
Según explicó el fiscal Carlos Meléndez se investiga el aparente pago de sobornos y dádivas a funcionarios del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial en Guadalupe.
Por esa operación a primera hora del martes se ordenó la detención de:
- Un procurador de apellidos Lara Flores
- Dos funcionarios del Tribunal Contencioso Administrativo de apellidos Molina y Cruz
- Dos abogados particulares de apellidos Rojas Pochet y Hernández González
Expropiaciones bajo la lupa
La causa se sigue bajo el expediente 18-000165-1218-PE y, según la Fiscalía, se investigan los supuestos delitos de divulgación de secretos y cohecho propio.
El primero se comete cuando se revela información obtenida a partir del cargo. Su pena va de un mes a un año de prisión o de 30 a 100 días multas, además de la inhabilitación si lo cometen funcionarios públicos.
Para el cohecho, por su parte, surge cuando median dádivas o pagos para que un empleado altere sus funciones -incumpliendo, retardando o dejando de hacer- en favor de determinada causa. Su pena va de 3 a 8 años.
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En las operaciones de este miércoles también participa la Sección contra el crimen organizado del OIJ.
Según el fiscal Meléndez todos los sospechosos están en calidad de detenidos.
Finalizadas las pesquisas en casas y oficinas todos serán trasladados a la Fapta para continuar el proceso legal. No se descartó pedir medidas cautelares.
La Procuraduría General de la República en el centro de San José fue uno de los puntos allanados según explicó la Fiscalía (Archivo)
