Hermes Solano
El pasado 16 de setiembre inició la audiencia de medidas cautelares del Caso Cochinilla, en el que hay 78 personas involucradas, entre ellas los empresarios Carlos Cerdas, dueño de MECO y Mélida Solís, propietaria de H. Solís.
Aunque en principio la audiencia, que se realiza en el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública en el Segundo Circuito Judicial en San José, iba a concluir este jueves, no será así.
El trámite se estaría extendiendo hasta el lunes 26 de setiembre, según lo indicó el abogado defensor Francisco Campos, representante tanto de MECO, como de H. Solís.
Él todavía no ha dado sus alegatos, que será probablemente este jueves.
“Aún faltan muchos abogados”, respondió a consulta de El Observador.
El Ministerio Público solicitó que se amplíen las medidas cautelares por 9 meses más, que incluyen los arrestos domiciliarios con tobillera electrónica de Cerdas y Solís.
Ambos empresarios salieron de prisión en marzo luego de cancelar sumas millonarias como fianza y desde entonces se mantienen en casa por cárcel.
Todos los imputados han cumplido con diferentes medidas cautelares desde que se dio a conocer el caso el 14 de junio e 2021; es decir, ya tienen un año y tres meses de estar en el proceso.
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Argumento de la defensa
Parte de los alegatos de algunos de los abogados defensores se basarán en la derogatoria de varios artículos de la Ley contra el Crimen Organizado, principalmente el 2 y el 7.
Con esto pretenden que se eliminen las medidas cautelares. Sin embargo, se han dado diferentes interpretaciones por parte de las autoridades jurisdiccionales.
“Vamos a sostener lo que hemos venido indicando anteriormente, que las normas de la Ley de Delincuencia Organizada están derogadas y no se justifica mantener estas medidas, que nos parecen desproporcionadas”, señaló el abogado Erick Gatgens, defensor de Mélida Solís.
En caso de que el juzgado rechace los alegatos de la defensa y acepte la tesis de la Fiscalía de prorrogar por nueve meses las medidas cautelares, tanto Cerdas como Solís se mantendrá en prisión domiciliaria hasta junio de 2023, cuando se cumplirán dos años del caso.
