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Audiencias del Caso Cochinilla se harán solo en horario de oficina, proceso es lento

A partir del lunes 21 de junio, las audiencias del Caso Cochinilla -por supuestas solicitudes de dádivas en obra pública-…

Por Krissia Morris Gray

Tiempo de Lectura: 3 minutos
Audiencias del Caso Cochinilla se harán solo en horario de oficina, proceso es lento
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A partir del lunes 21 de junio, las audiencias del Caso Cochinilla -por supuestas solicitudes de dádivas en obra pública- se realizarán en horario de oficina, es decir, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

La decisión la tomó la jueza Carolina Lizano, encargada del caso. Actualmente el proceso está en la fase de la exposición de los abogados defensores de los 16 implicados a los que la Fiscalía solicitó la aplicación de prisión preventiva por un año.

Este domingo, a las 9:00 am se reanudaron las audiencias en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea. Se tiene previsto que terminen antes de las 5:00 pm.

El sábado expusieron únicamente dos abogados y quedan pendientes 10 defensores.

Francisco Campos, defensor de la empresa H.Solís, explicó que la jueza determinó que se seguirá con las audiencias necesarias y que se calendarizarán las exposiciones.

Con esto, dependiendo de la duración de las exposiciones, se estima que entre dos o tres abogados por día presentarían sus alegatos, con lo cual, esas maratónicas audiencias que terminaban entre 7:00 pm  u 8:00 pm ya no se darían.

“La jueza considera que al haber dictado prisión preventiva instrumental ya el plazo para ella se amplió”, afirmó Campos.

Al ser el Caso Cochinilla considerado como crimen organizado, la normativa legal establece una duplicación del plazo para que la persona juzgadora emita la resolución.

Normalmente si una persona es detenida, los jueces tienen 48 horas para resolver la situación planteada, pero en este caso, al ser catalogado como crimen orhanizado el tiempo que tenía la jueza era 96 horas para emitir una resolución.

Las 96 horas vencieron este sábado a las 8:30 a.m., pero al dictarse la prisión preventiva instrumental, la jueza no tiene un plazo perentorio para la realización de las audiencias y para dictar la resolución correspondiente.

En la actualidad hay 28 personas del Caso Cochinilla detenidos en celdas judiciales, en prisión preventiva.

Ponerse de acuerdo

Eric Gatgens, otro de los defensores, explicó que la jueza no definió un plazo a loa abogados para exponer su defensa, sino que los instó a ponerse de acuerdo.

Gatgens es uno de los abogados que expondría este domingo y con él sería el tercer defensor en intervenir en esta fase.

Por su parte Fernando Apuy, también defensor, reseñó que “lo que ha complicado en cuanto al tiempo es la cantidad de personas que detuvieron así como la cantidad de abogados que participan en el proceso. Eso dificulta el manejo de las audiencias”.

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Carlos Monge, abogado de dos funcionarios del Conavi, dijo que el proceso está plagado de contradicciones y considera que no sería hasta el jueves que se terminarían las audiencias.

Dos en libertad

En un principio eran 30 los detenidos, pro este sábado dos quedaron en libertad pues su proceso se llevó a cabo de forma aparte.

Se trata Luis Ureña, topógrafo de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de Juan Carlos Abarca, gerente de operaciones de Also Frutales, empresa vinculada a H. Solís.

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Contra Ureña no se dictaron medidas cautelares, pero sí contra Abarca a quien se le ordenó entregar su pasaporte, firmar una vez a la semana en los tribunales, tener domicilio fijo y no hacer trámites ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por un año.

El caso

Las audiencias del Caso Cochinilla arrancaron el martes anterior, esto luego de que el lunes 14 de junio el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia (Fapta) realizaran 57 allanamientos.

El operativo instancias como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la Casa Presidencial y empresas constructoras, así como en casas de habitación.

En la Casa Presidencial se allanó la oficina del entonces asesor presidencial Camilo Saldarriaga. (AFP)

De acuerdo con el OIJ se habrían malversado ¢78.000 millones por  una red de corrupción.

¿Cómo operaba esta “red criminal” así catalogada por las autoridades judiciales?

Lo que presumen los investigadores es que se movían dineros de otros programas para estos proyectos en los cuáles algunos funcionarios obtenías ventajas personales al solicitar sobornos.

Espinoza dijo que se identificó un uso irregular de fondos públicos por parte de funcionarios del Conavi y además se involucró personal de otras instituciones.