Esteban Mata
Una auditoría interna del TSE advirtió que dos funcionarios del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos enfrentan un potencial conflicto de intereses, pues el sindicato que representan contrató como asesor legal al excandidato del PIN, Juan Diego Castro, quien además promueve la inscripción de un partido llamado Partido Reconstrucción.
En el informe se apunta que los funcionarios, Rui López González y Reinaldo González Rojas, miembros del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (Setse) podrían enfrentar un conflicto de intereses en vista de su relación con Castro.
Así se lee en el acuerdo quinto de la sesión ordinaria n.º 38-2019, celebrada el 2 de abril de 2019, en donde se conoce oficio n.º AI-091-2019 del 27 de marzo de 2019, donde la auditoría, advierte al Tribunal.
Lo anterior en función de las labores que ambos empleados realizan en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, donde se revisan y calculan los extremos de la deuda política que cobran los partidos al Estado. Esta oficina también prepara denuncias y detecta irregularidades en los manejos de los partidos.
En sencillo, Juan Diego Castro Fernández es asesor legal del sindicato cuyo secretario general, Rui López González y su compañero, Reinaldo González Rojas, están al frente de las pesquisas y revisiones de las facturas y documentos relacionados con el financiamiento de los partidos políticos, incluidos los relacionados con el político y abogado.
El informe también indica que la advertencia no implica un señalamiento de irregularidad alguna, pero las autoridades del TSE, prefirieron que, de forma preventiva, tanto López González como González Rojas, se aparten de los procesos de liquidación de deuda política del PIN.
Mejor, de lejos
La misma medida aplicaría en caso de que en algún momento, Juan Diego Castro termine el proceso de inscripción de del Partido Reconstruyamos.
Esto porque cuando Juan Diego Castro fue contratado por el sindicato, apenas se bajaba del escenario electoral, donde apareció como candidato presidencial por el Partido Integración Nacional (PIN), cuya deuda política, quejas y señalamientos, en caso de haberlos, se procesan en la Dirección de Financiamiento de Partidos.
“Como se indicó, puede suceder que la persona funcionaria en razón del cargo que ostenta, se vea en situaciones que podrían afectar o incidir en la actuación, resolución o emisión de criterio alguno de su parte, en razón de la existencia de un interés personal que se contrapone al interés público o general. Este es el llamado conflicto de intereses”, apuntó la auditoría, basándose en el dictamen de la Procuraduría General de la República n.° C-181-2009 del 29 de junio de 2009.
Puestos y cercanía
El informe, acogido por las autoridades del TSE, advierte que la naturaleza de los puestos que desempeñan los funcionarios, provocan la alerta de un potencial conflicto de intereses en función de la cercanía y el perfil de político activo de Juan Diego Castro. Así lo apunta el documento:
“A la luz de las funciones detalladas en el Manual de Puestos institucional, para cada uno de los puestos que ellos ocupan, en razón de la cercanía y grado de confianza que se supone ha de existir entre los integrantes de la Junta Directiva y su asesor legal, podría estarse ante un conflicto aparente o potencial de intereses, de ahí que se estime razonable la medida dispuesta por la su Jefatura”, de separarlos de temas relacionados con el Partido en el que Juan Diego Castro figuró como candidato.
La medida es de “carácter preventivo y que resulta acorde con lo señalado por la Procuraduría General de la República y lo dispuesto por la Contraloría General de la República”, dice el documento.
Pero ¿qué hacen estos funcionarios?
En el caso de Rui López, quien es el secretario general del Sindicato, sus funciones pasan por “brindar asesoría jurídica a la jefatura en la atención y resolución de procesos, ejecución de estudios especiales y denuncias relacionadas con la fiscalización de las finanzas partidarias y la eventual inobservancia de la normativa”.
Y en lo que a las labores de González Rojas respecta, se encarga del “diseño, ejecución y coordinación de investigaciones, proyectos, estudios, análisis, preparación de informes propios de las unidades que conforman la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos, la actualización de datos con información financiero contable de los partidos políticos verificando el cumplimiento de la normativa electoral y velar que los estudios financieros de las agrupaciones políticas cumplan con la normativa aplicable, así como coadyuvar en la identificación de situaciones que ameriten la realización de investigaciones y procesos de auditoría”, apunta el TSE.
Y con estos perfiles, forman parte medular del sindicato que contrató a Castro para la asesoría penal de su grupo de trabajadores.
“Si bien tales labores son completamente ajenas a aquellas que como integrantes de la Junta Directiva del Setse realizan, lo cierto es que el hecho de que el señor Castro Fernández funja como asesor legal de ese sindicato en materia penal, supone un nexo en el que naturalmente debe existir un alto grado de confianza, de ahí el aparente o potencial conflicto de intereses que podría presentarse”, recalca el informe.
Esteban Mata
