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Auditoría externa del ICE deja ver dudas sobre el manejo financiero de la institución

La empresa de auditoría KPMG realizó una auditoría financiera sobre los “Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre del 2020…

Por Hermes Solano

Tiempo de Lectura: 5 minutos
Auditoría externa del ICE deja ver dudas sobre el manejo financiero de la institución
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La empresa de auditoría KPMG realizó una auditoría financiera sobre los “Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre del 2020 y del 2019” del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Esa evaluación deja dudas sobre el manejo de las finanzas de la institución durante ese período.

KPMG dio una opinión calificada lo que significa que hubo aspectos que no les permitieron  dar una opinión limpia con certeza.

Esto dejaría en evidencia que la institución no ha cumplido 100% con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

“Esa situación es preocupante para cualquier compañía. Una opinión con salvedad significa que los estados no reflejan la realidad de la situación financiera del negocio”, explicó Deyver Mena, socio de Grant Thornton.

Hay seis puntos señalados en el informe que dejan ver posibles problemas de administración dentro del ICE.

El primero se refiere a que Grupo ICE, al 1 de enero de 2019 “mantenía diversos contratos de préstamo por un monto ¢1.595.354 millones, los cuales establecían una serie de compromisos en materia financiera que incumplió a esa fecha”.

Esto se conoce como razones financieras, que se dividen en cuatro grupos:

  • Las razones de liquidez: que miden la capacidad de una empresa para cubrir y respaldar sus obligaciones de corto plazo
  • Las razones de actividad: miden el grado de efectividad y eficiencia con que son administrados los recursos de la compañía
  • Razones de Endeudamiento: miden los niveles de deuda que utiliza la compañía para financiar sus inversiones
  • Razones Rentabilidad: medir niveles de rendimiento y rentabilidad

“Los indicadores están mostrando resultados de un desmejoramiento en la condición económica de la empresa”, explicó el analista Mena.

Esto implica que la institución debe tener precaución con sus movimientos financieros porque podría entrar en una situación económica complicada e incluso de insolvencia.

“El Grupo reitera y es enfático en que ha cumplido con la aplicación al 100% de las Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NIIF). Esto se refleja en los Estados Financieros Consolidados del periodo 2020, tal y como lo expresa la opinión de la firma KPMG, una de las cuatro auditoras independientes mas reconocidas a nivel mundial.

El hecho de que la opinión sobre los Estados Financieros Consolidados incluya calificaciones del auditor externo, no elimina ni desvirtúa la declaración explícita y sin reservas que ha hecho el Grupo en las notas sobre la adopción de las NIIF como su marco de contabilidad”. Así lo señala una comunicación de la oficina de prensa del ICE, fechada 1 de julio del 2021.

Para la elaboración de esta información se remitió al ICE una serie de consultas, sin embargo, hasta el momento de esta publicación no se había tenido respuesta.

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Miles de millones

Otro de los señalamientos hechos se refiere a la liquidez del ICE porque “no reclasificó la deuda financiera de no corriente a corriente, por un monto total de ¢760.729 millones”.

Esto significa que los pasivos no corrientes, es decir las deudas de largo plazo, están sobreestimados y los pasivos corrientes, las de corto plazo, subestimados.

Lo que quiere decir es que el ICE está diciendo que tiene deudas de largo plazo cuando en realidad son de corto plazo, con la intención de no comprometer el flujo de caja, pero sabiendo que la tiene comprometida.

Según la explicación del experto Deyver Mena, en estos casos: “las deudas que se tienen que pagar en corto plazo, se meten en las de largo plazo para que parezca que tiene un nivel de solvencia económica”.

Crédito: Casa Presidencial

¿Fallas en control interno?

La auditoría externa no logró determinar si las cuentas por pagar del ICE por un monto de ¢68.893 millones, al 1 de enero de 2019, corresponde a lo que debe estar registrado.

“No nos fue posible satisfacernos de la integridad, existencia y exactitud de esos pasivos, ni pudimos establecer los efectos de esa limitación en el excedente neto reportado en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales del año terminado el 31 de diciembre del 2019”, indica el informe.

En esto casos, el proceso de la firma auditora es verificar con los acreedores los saldos que debe la empresa o institución. Esto no lo pudo cotejar KPMG según lo explicado en las opiniones calificadas.

“Ese anunciado quiere decir que la auditoría no pudo determinar la existencia de ese pasivo; no pudieron verificar que ese pasivo existiera”, explicó el socio de Grant Thornton.

Esto se podría deber a desordenes administrativos, errores contables, a que haya información desactualizada o incluso alguna situación ilícita.

Al igual que con las cuentas por pagar, no se pudo determinar la existencia y exactitud del inventario registrado por ¢255.430 millones.

“No pudimos concluir nuestros procedimientos de auditoría para satisfacernos de la existencia de esos inventarios, debido a que no nos fue posible conciliar los resultados de las tomas físicas con los registros auxiliares a esa fecha”, dice el informe.

“Tampoco nos fue posible satisfacernos de la exactitud de esos inventarios debido a que no se nos suministró la documentación de soporte requerida para verificar el costo de adquisición de los mismos”, añadió.

Planta Hidroeléctrica Reventazón. (ICE)

Saldo de efectivo

Este mismo inconveniente se dio con el saldo de la cuenta en efectivo del ICE al 31 de diciembre de 2019.

La auditoría no pudo establecer si el saldo de ¢203.412 millones de la cuenta está bien o no.

“Lo que se hace es una revisión de conciliación bancaria, es decir, conciliar que los movimientos de entradas y salidas de efectivo que tengo sean las mismas que el banco en el que tengo mi dinero tenga registrado”, explicó Mena sobre el método que se utiliza de evaluación.

“No nos fue posible satisfacernos de la naturaleza y razonabilidad de esas partidas conciliatorias ni pudimos determinar si podrían haber sido necesarios eventuales ajustes al saldo del efectivo y al de otras cuentas contables en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2019 y al 01 de enero del 2019”, dijo la auditoría externa.

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Registro de arrendamientos

Luego de que se dieran a conocer los estados financieros del ICE, algunas voces mostraron sus dudas respecto al tema de los registros de arrendamientos: operativo y financiero.

El primero es el que se utiliza cuando se necesita alquilar y se paga una cuota de derecho de uso del activo. El segundo es cuando se compra un bien a través de un crédito, y se deben pagar dos montos: el de amortización y los intereses.

Al ser solo operativa, se reportan mucho más gastos que en la financiera, donde los gastos son solamente los intereses y no la amortización.

Esto repercute en la petición de la institución a Aresep para las tarifas eléctricas, ya sea en aumento o rebaja.

El Instituto Costarricense de Electricidad tiene que presentar este mes ante la Superintendencia General de Valores los informes consolidados y auditados de 2020.

Eso permitirá conocer la salud financiera de la institución.

El pasado 11 de mayo, en la rendición de cuentas ante el Consejo de Gobierno, el ICE indicó que cerró 2020 con pérdidas de ¢110.000 millones respecto al final del 2019.