Hermes Solano
La fracción del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que las sesiones del Consejo de Gobierno sean públicas; es decir, que se transmitan abiertamente para que la ciudadanía se entere de las discusiones.
Esa fue una promesa de campaña hecha por Rodrigo Chaves; sin embargo, tras más de cuatro meses en el cargo, no la ha cumplido.
Al inicio de su gestión aseguró que no había presupuesto para colocar cámaras y generar la transmisión desde Casa Presidencial.
Ahora, tras la presentación de esta iniciativa por parte de los frenteamplistas, el mandatario considera que es una ley cosmética que no aporta en nada al desarrollo del país.
“¿Qué se gana? Esas son las leyes cosméticas que no añaden nada y no tienen impacto real sobre la vida de los costarricenses”, aseguró.
“Es una expresión política sin impacto y el país no necesita eso en este momento”, añadió.
Incluso, aseguró que la iniciativa lo que tiene es tinte político.
El Frente Amplio ha sido la principal oposición que ha tenido el Gobierno desde la Asamblea Legislativa en varios temas, como las jornadas 4-3.
Reuniones secretas
Para Chaves, en caso de aprobarse no vetaría esa ley, porque tanto él como los futuros presidentes podrán realizar reuniones con sus ministros de manera confidencial. Luego en Consejo de Gobierno tocar otros temas.
“No le encuentro mucho sentido, porque podría tener una reunión con los ministros, que no sea Consejo de Gobierno”, respondió, señalando que él siempre es franco en lo que piensa y dice.
“Soy franco, eso no me amarra a mí y a los futuros presidentes para hacer las reuniones que los gobiernos decidan tener para temas confidenciales”.
¿Qué dice el proyecto?
La iniciativa del Frente Amplio pretende reformar el artículo 37 de la Ley General de la Administración Pública.
Esto diría el nuevo texto del artículo:
“Artículo 37.-
Las sesiones del Consejo serán públicas, salvo que la Presidencia de la República disponga lo contrario por tratarse de secretos de Estado o de información confidencial, mediante acto debidamente fundamentado. En el caso de lo que se considere secreto de Estado, este se debe declarar mediante un acto o resolución bien fundamentada por la Presidencia de la República, tal y como sucede en cualquier acto administrativo”.
Según los diputados, el proyecto se sustenta también en un pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre transparencia y publicidad administrativas.
“Ello implica que ningún Poder del Estado está exento de explicar sus actos ante el pueblo. Así lo establece nuestra Constitución Política en los artículos 9 y 11”, dice.
