Manuel Sancho
La Universidad de Costa Rica (UCR), al igual que las restantes casas de educación superior públicas, trabajan en el 2020 con el mismo presupuesto del 2019. El año pasado, la Contraloría General de la República (CGR) archivó sin trámite los planes de gasto de las entidades, debido a que incumplieron la regla fiscal contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Sin embargo la UCR avisó que buscará imponer su voluntad de pagar beneficios salariales con un crecimiento igual al que siempre lo ha hecho, a través de un presupuesto extraordinario; lo cual podría implicar un aumento mayor al permitido por la regla fiscal, el punto clave del rechazo de la Contraloría del 2019.
El pasado martes, el Consejo Universitario (CU) aprobó el presupuesto 2020, que tuvo que ser ajustado a los recursos utilizados el año pasado.
“La Oficina de Administración Financiera y la de Planificación Universitaria trabajaron durante las primeras semanas del mes de enero para adecuar el plan de gastos de la institución por un monto de ¢291.333 millones, que fue el total ejecutado el 2019 y así dar trámite y concretar un presupuesto inicial para las labores del presente año”, indicó la UCR en un comunicado este miércoles.
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Sin embargo inmediatamente la Universidad adelantó que pedirá un presupuesto extraordinario. Según Carlos Araya, vicerrector de Administración, “la variación se realizó únicamente para evitar sobregiros respecto a los montos límites del presupuesto final 2019”. “Los ajustes respectivos se harán mediante un presupuesto extraordinario o modificaciones según corresponda”, amplió la UCR.
Al final de la nota de prensa, la institución señaló que dicho presupuesto extraordinario será para pagar ajustes salariales, incluyendo los pluses y anualidades, de forma retroactiva.
“Los pagos relacionados con el ajuste salarial por reconocimiento de incremento en el costo de vida, anualidad u otros similares se harán efectivos de forma retroactiva una vez que la CGR apruebe el presupuesto extraordinario”, finaliza el comunicado.
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Incumplimiento
En octubre del 2019, el rector de la UCR Henning Jensen (centro) se manifestó junto con miles de estudiantes . Finalmente se reunieron con Carlos Alvarado, quien cedió a sus pretensiones. (Presidencia)
El Consejo Universitario ya aprobó el dictamen para este proceso, el cual se comunica a la Contraloría. Posteriormente ya la UCR podrá operar en el Sistema Integrado de Presupuestos Públicos (Sicop) y realizar sus gastos y contrataciones con normalidad. La situación no afecta el desempeño de la docencia, la acción social, la investigación, las becas o los salarios.
El 19 de diciembre del 2019, la Contraloría informó que archivó sin trámite los planes de gasto del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), Estatal a Distancia (UNED) y Técnica Nacional (UTN), así como el Instituto Tecnológico (ITCR).
Esto por cuanto no siguieron lo ordenado en el artículo 19 del cuarto título de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece límites al crecimiento del gasto.
El ente contralor explicó que, pese a las gestiones y ante la omisión de una certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), sobre el cumplimiento de la regla fiscal, lo que procedía era el archivo del presupuesto 2020.
Las casas de enseñanza se negaron a presentar ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria información que se le solicitó a todas las instituciones del sector público no financiero, con la cual se puede certificar o no el cumplimiento de la regla fiscal.
A finales del año pasado, el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y nuevo presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Luis Paulino Méndez, dijo a El Observador que el presupuesto es suficiente, pero se necesitaban ajustes.
Por eso adelantó que se revisaría línea por línea los fondos del 2019, para ajustar el plan anual operativo de cada universidad.
“Los recursos adicionales que están en el 2020 se tienen que incorporar vía presupuestos de extraordinarios y eso es un trabajo que nos lo ganamos, podríamos decir, como parte del tema de defender la conciencia política, porque efectivamente en la Constitución está claro que los presupuestos de las universidades no tienen que ir a la autoridad presupuestaria a ninguna revisión”, justificó Méndez en ese momento.
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Lucha, déficit y cambios
Las universidades estatales insisten en que la reforma fiscal, en el apartado de la regla fiscal, no les atañe y tienen derecho a incumplirla. Por eso acudieron a la Sala Constitucional, para evitar acatarla en sus presupuestos.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Así el aumento de un presupuesto está “amarrado” al comportamiento de la economía y de la deuda del Gobierno central. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley 9635.
En el segundo semestre del 2019, las casas de enseñanza públicas protagonizaron múltiples protestas contra el Poder Ejecutivo, el Ministro de Hacienda y la Asamblea Legislativa, por los cambios que buscan realizar que limitan el crecimiento de los presupuestos.
Según proyecciones de la UCR a partir del 2021 su déficit crecerá de forma exponencial. Para ese año la diferencia entre gastos e ingresos será de de ¢5.900 millones. La cifra subirá a ¢9,900 millones y ¢14.539 millones en los siguientes años, hasta alcanzar ¢20.000 millones en el 2024. El alarmante panorama lo reveló la Oficina de Planificación Universitaria en el Congreso en diciembre del 2019.
Las anualidades de la UCR ascendieron al 5,5% del salario base entre 2009 y 2018. Luego cambió la convención colectiva y cayó a 3,75%.
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Manuel Sancho
