Tomás Gómez
En medio de la crisis por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) el mandatario Carlos Alvarado anunció el domingo anterior que se detenía el trabajo de los funcionarios a cargo de la iniciativa, sin embargo, estos seguirán en su cargo y recibiendo el salario sin problemas.
Ante las consultas de El Observador, Casa Presidencial defendió la permanencia de los funcionarios Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos en sus cargos.
“Forman parte del equipo de trabajo del Despacho de Presidente, y por tanto atenderán y darán seguimiento a los temas que así lo requieran”, afirmó la sección de prensa del Gobierno.
Según los datos abiertos de Casa Presidencial, el gasto de planilla referente a ellos ronda los ¢4 millones divididos de la siguiente manera:
Según los datos, tanto Fernández como Madrigal reciben los pluses de “discrecionalidad y confidencialidad” y “carrera profesional”, y al primero se le otorga también el beneficio de “dedicación exclusiva”.
Más revelaciones
Tras días de evasivas sobre el funcionamiento del equipo de datos, Casa Presidencial confirmó a El Observador que el trabajo de Diego Fernández no respondía directamente al Presidente Carlos Alvarado sino que estaba supeditado a Felly Salas, jefa del despacho presidencial.
Además, la sede del Gobierno confirmó que el personal utilizó sus computadoras personales para el manejo de datos, pese a la delicadeza de la información.
A su servicio, los empleados cuestionados tenían también una oficina dentro de la Dirección General de Casa Presidencial, tres computadoras y teléfonos fijos.
Días intensos
La creación de la UPAD fue garantizada en octubre anterior mediante un decreto suscrito por el mandatario Alvarado, el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
El documento entró a regir la semana anterior y se sostuvo por menos de una semana ante la lluvia de críticas que desató.
En medio de los primeros cuestionamientos, Alvarado derogó el decreto y cesó el trabajo relacionado con datos, que según la Ministra de Trabajo, Nancy Marín, se desarrollaba desde el inicio de la administración.
Con el paso de los días, Alvarado ha sido reticente a presentarse en público y atender a la prensa, mientras que investigaciones avanzan en la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes y ahora en la propia Presidencia, donde se asignó al secretario del Consejo de Gobierno una investigación previa para futuras sanciones.
