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Un proyecto de ley que busca regular los vapeadores y cigarrillos electrónicos, al tiempo que les crea un impuesto, genera diferencias entre diputados y el Ministerio de Salud y los industriales.

Desde octubre del 2019, Luis Antonio Aiza de Liberación Nacional (PLN) y Catalina Montero de Acción Ciudadana (PAC) propusieron el plan, seguido en el expediente 21.658, para aplicar un impuesto de ¢1.000 a estos productos.

La iniciativa alerta por los riesgos en la salud que tiene el vapeo. Cita estudios como el de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania sobre el impacto en los sistemas respiratorio y circulatorio. También recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en un informe a mediados del año pasado presentado en Río de Janeiro, que los cigarrillos electrónicos son “indudablemente dañinos” y deberían ser regulados.

Aiza reiteró que su intención es “proteger y resguardar” la salud. El legislador aclaró que se recibirán todas las observaciones -del Ministerio de Salud, el sector privado y asociaciones civiles en la Comisión de Asuntos Sociales donde se tramita el plan- antes de definir un impuesto. Pero fue claro que insistirá en que se graven.

Ante la carencia de estudios a nivel nacional e incluso el debate en otros países, el médico afirmó que en el caso del tabaco y los cigarros el mundo esperó mucho para realizar investigaciones, por lo que urgió a avanzar con la regulación de los electrónicos. “Es mejor prevenir y no lamentar”, dijo el verdiblanco.

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La Cámara de Industrias (CICR) fue enfática en su oposición porque:

  • Rechaza un nuevo impuesto sobre los cigarros electrónicos y cada líquido o envase de vapeo con o sin nicotina
  • Considera que la Ley 9028 de Control de Tabaco ya regula los espacios de prohibición de fumado por lo que se podrían incluir nuevas regulaciones con una reforma
  • Cree que los estudios no son concluyentes y hacen falta más
  • Asegura que la creación de impuestos aumentará el contrabando

Jason Chaves, asesor en Comercio Exterior de la Cámara, indicó que se necesitan más evidencias sobre los efectos de los vapeadores. Mencionó que en el 2016 el Colegio Real de Médicos de Inglaterra concluyo que faltan pruebas y hasta puso el vapeo como una alternativa al fumado ordinario.

Chaves cuestionó crear un impuesto para dar recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin concluir las enfermedades que se tratarían. “Es erróneo tratar de desincentivar un producto con nuevos impuestos”, comentó.

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El ministro de Salud, Daniel Salas, dijo que ya se activó el sistema de vigilancia ante el uso de cigarrillos electrónicos, pero apenas se comienza con las notificaciones de los posibles síndromes respiratorios severos relacionados con estos dispositivos. Por el momento no hay estudios planeados.

“Es un asunto que viene nuevo. Sabemos que hay otras sustancias que se mezclan. No sabemos a ciencia cierta, esa relación no está bien establecida”, explicó.

En noviembre del 2019, Salud emitió una alerta en la que recomendó no usar vapeadores. Lo hizo sin información local o estudios nacionales que sustenten la medida.

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Impuesto cambiaría

El proyecto quiere regular los técnicamente llamados SEAN (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina) y SSSN (Sistemas Similares sin Nicotina). (AFP)

El diputado Aiza fue claro que perseguirá un impuesto a los vapeadores y cigarrillo eléctricos. Pero matizó que podría no ser el de ¢1.000 original, sino un monto menor, un porcentaje del precio del producto.

“Estamos hablándolo con ciertos ministerios y con los compañeros de la Comisión, vamos a  tener audiencias, para llegar a un acuerdo de cuánto es el porcentaje de impuesto que le vamos a poner a cada uno y dependiendo también de los miligramos que tenga. Habría una escala. No puede comprarse lo mismo que al líquido que al vapeador”, profundizó.

El congresista por Guanacaste insistió en combatir la “incidencia” del fumado – en la forma que sea – y justificó que muchos jóvenes vapean por moda. Por eso desestimó el posible contrabando y dio prioridad al impuesto, así como a la prohibición del acto en ciertas zonas.

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La Cámara de Industrias ya envió un carta a los diputados de la Comisión de Sociales, instando al rechazo del proyecto y pidiendo ser llamada a audiencia. Jason Chaves, asesor en Comercio Exterior del grupo, agregó que los productos electrónicos son una alternativa para los fumadores y no hacen falta ni una nueva ley ni impuestos.

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Salud está a favor del impuesto. El ministro Salas defendió que hay suficiente evidencia del efecto de estos productos; y respaldó que se podría desincentivar el uso de vaporizadores y se fortalecería la compra de medicinas en la Caja para tratar enfermedades crónicas y cáncer.

Igualmente si bien los dispositivos electrónicos con nicotina ya están regulados por la Ley actual, el jerarca consideró que se deben incluir el resto de productos para proteger el efecto pasivo en otras personas.

Lea el proyecto aquí.

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