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Avanza plan en el Congreso para que comercios puedan negar servicios si van contra sus creencias religiosas

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Tiempo de Lectura: 4 minutosLos establecimientos comerciales podrían negar un servicio si demuestran que lo solicitado está en contra de sus creencias religiosas.

Eso es parte de lo que se pretende aprobar mediante el proyecto “Ley para la Libertad Religiosa y Culto”.

El mismo, se dictaminó en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración el martes anterior.

Ese derecho se busca entablar a través del artículo 33 de la iniciativa mediante la objeción de ideario.

“Aquellas asociaciones civiles o empresas que no sean organizaciones religiosas, y cuyo ideario tenga como base algún credo religioso, gozarán de este derecho, y no estarán obligados a celebrar contratos o prestar servicios que atente contra el credo o los principios religiosos que la rigen”, señala el proyecto.

“En Estados Unidos hay un caso famoso de una pareja que fue obligada a darle un servicio de un queque a una pareja LGBTI”, ejemplificó el diputado Jonathan Prendas, quien impulsa la iniciativa.

“Ellos decían que no porque su objeción de ideario no le permitía hacer ese tipo de servicio”, indicó.

“El negocio hizo una contrademanda y ganó el juicio, dejando un precedente de que tiene que protegérsele y debe protegerse a los locales que por su naturaleza tienen a bien no dar un servicio específico”, agregó.

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Objeción de ideario

La objeción de ideario, también implicaría, por ejemplo, que una universidad con corte católico no esté obligada a tener una materia no acorde con sus creencias, resaltó el legislador.

Eso sí,  se debe demostrar que niega el servicio por ser contrario a sus creencias. Pese a ello, Prendas aseguró que la propuesta no es discriminatoria.

La iniciativa es impulsada por el diputado independiente Jonathan Prendas. Foto: Asamblea Legislativa.

El proyecto también busca implementar el derecho de objeción de conciencia cuya descripción tiene que ver con no obligar a una persona u organización a realizar actos en contra de sus convicciones religiosas.

“El asunto es que cuando se gesta el tema de objeción de conciencia u objeción de ideario, tiene que comprobarse”, sentenció.

El diputado consideró que las personas tienen derecho a no estar obligados. Uno de los casos que trajo a colación, son aquellos de funcionarios que asisten a talleres de sensibilización para población LGBTI.

Al trabajador se le indica que debe de implementar una serie de reglas pero podría aducir que afecta su concepción religiosa para evitar la obligatoriedad a estos talleres, señaló.

Se busca además, que no haya represalias por tomar la decisión de acogerse a estos derechos.

“La idea del proyecto es resguardar y no discriminar, que no se le obligue a hacer algo que no esta en su creencia, ya sea una empresa o persona”, resaltó el congresista.

¿Qué más?

El proyecto también pretende mantener la exoneración del Impuesto sobre la Renta para organizaciones religiosas.

En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) se contempló para instituciones religiosas.

Sin embargo, si este proyecto se convierte en Ley deben cambiar su denominación a “organización religiosa”.

Por tanto, se contempló en este texto esa introducción de “organización religiosa” no sujeta al pago de este tributo.

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“Hay que ajustarlo porque por la naturaleza de esta ley que crea el tema de organizaciones religiosas como acápite diferente a asociaciones, hay que ajustar la Ley del Plan Fiscal”, resaltó Prendas.

La iniciativa pretende evitar que las personas sean discriminadas por su creencia religiosa.

Adicionalmente, permite facultar a las organizaciones religiosas a contratar personas que profesen la misma fe de la organización cuando recluten trabajadores.

“Es una ley 100% que se aboca a la protección de un derecho humano de primera generación”, concluyó Prendas.

La advertencia

La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre las implicaciones de la objeción de conciencia y objeción de ideario.

“Llama la atención sobre la necesidad de generar una discusión más amplia que la prevista en el proyecto de ley alrededor del contenido que tiene este derecho”, dijo la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, en un criterio emitido sobre la iniciativa.

Apuntó también a la importancia de discutir también sobre “las medidas que se deben adoptar para que su ejercicio no implique la afectación de los derechos terceras personas”.

En su opinión llamó la atención de que en países de la región se ha desnaturalizado este derecho.

“Frente al contenido tradicional de la objeción de conciencia, en diversos países latinoamericanos se ha pretendido emplearla como mecanismo para cuestionar las disposiciones que se deben acatar y de esta forma, restarles validez y efectividad”, indicó.

La situación se vuelve aún más preocupante cuando quien objeta es un funcionario público y cuando del cumplimiento del deber que objeta depende la efectividad o reconocimiento de un derecho de un tercero, sentenció Crespo.

El proyecto ahora debe pasar a Plenario donde los legisladores podrían presentarle mociones de fondo y forma.

Aquí puede ver el plan completo: Ley de Libertad Religiosa y Culto

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