Paula Ruiz
Un paso hacia adelante dio el proyecto de ley que pretende establecer como esenciales los servicios que brinda el Poder Judicial.
Con ello, se impondría una restricción a sus trabajadores para la realización de huelgas.
La iniciativa liderada por la verdiblanca Yorleny León se dictaminó esta semana en la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales.
Esta era una deuda pendiente con la ciudadanía, luego de la aprobación del proyecto de huelgas, señaló León.
Lo anterior porque por recomendación de la Sala Constitucional se excluyeron estos servicios como esenciales. Por lo tanto, se presentó esta otra iniciativa en el Congreso.
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“Sin duda son servicios esenciales vinculados con la salud y seguridad”, agregó León.
Con el dictamen, ahora inicia su trámite en Plenario que incluye mociones, discusión y votación final.
Para convertirse en Ley de la República requiere de mínimo 38 votos a favor, recordó la liberacionista.
“Nos queda la ruta de Plenario para lo que se requiere 38 votos, quiero contar con apoyo de diputados para poder saldar esa deuda importante y trascendental”, sentenció.
La diputada Yorleny León impulsa la iniciativa. Foto: Asamblea Legislativa.
¿Cuáles servicios?
La iniciativa pretende reformar el artículo 376 del Código de Trabajo para incluir como servicios esenciales los siguientes:
- Los servicios de administración y acceso a la justicia y la efectiva tutela a lo largo del proceso judicial, incluyendo: los juzgados de trabajo, los tribunales de apelación de trabajo y tribunales de apelación que conozcan, como parte de sus competencias, la materia laboral, y todos aquellos órganos auxiliares de justicia y órganos administrativos del Poder Judicial que tramitan dicha materia, incluidas las oficinas de recepción de documentos y aquellas que garanticen los servicios informáticos de las mismas
- El levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así como los servicios del Complejo Médico Forense que impliquen atención urgente
- Atención de denuncias
- Solicitudes de imposición de una medida cautelar, cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas a vencer
- Atención de solicitudes de medidas de protección
- Juicios con persona detenida, continuaciones de juicio, y asuntos prontos a prescribir; intervenciones de las comunicaciones
- Mantenimientos de los sistemas informáticos y de la comunicación
- Atención y resolución de solicitudes de apremio corporal y de impedimentos de salida del país; mantenimiento, actualización y comunicaciones relativas al Sistema de Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP)
- Traslados de personas privadas de libertad y custodia en celdas
- Protección a víctimas y testigos; la disponibilidad que deben tener cualquier grupo de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación
- La notación y levantamiento de impedimentos de salida del país, así como los permisos de salida del país para personas menores de edad
- La custodia y seguridad necesaria para garantizar los servicios anteriormente indicados.
Oposición judicial
El proyecto cuenta con la oposición de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud).
En respuesta a la Comisión Legislativa, se resaltó que los servicios brindados por el Poder Judicial no cumplen con criterios para ser esenciales.
“En este caso es claro y evidente que en la función judicial no se cumplen esos supuestos, dado que hay muchas materias y servicios (más del 50%) que si se dejaran de prestar de manera intermitente o permanente no comprometen la vida de ninguna persona (usuaria ni funcionaria) ni ponen en riesgo la salud ni la seguridad”, manifestó Mario Alberto Mena, presidente de Anejud.
“A excepción de algunos servicios, muy pocos en realidad, que por iniciativa de la institución se han establecido protocolos para que en su eventual proceso de huelga o incluso cuando se deba salir a vacaciones, los mismos se sigan brindando”, agregó.
También, los magistrados se pronunciaron en contra de la iniciativa en julio anterior.
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